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Acosta, quien había planteado la convocatoria a sesión extraordinaria para tratar las modificaciones al proyecto de ley de financiamiento político, dijo ayer que evidentemente el tema será motivo de una intensa discusión. Apuntó que conversó con algunos de sus colegas y están planteando modificaciones, pero desestimó que el tema se rechace o que se pida la derogación de la ley vigente, tal como plantean representantes de su partido.
El legislador dijo que no se puede dejar sin ningún control el tema del financiamiento de las campañas electorales y apuntó que es en las internas donde más se maneja dinero malhabido. Señaló que, actualmente, en esa instancia no suele haber mucho control, como hay en las elecciones generales.
Al respecto, Acosta consideró que no es cierto que no se puedan documentar los aportes y afirmó que, cuando él estuvo a cargo del manejo económico de la campaña de su partido, en 2008, hubo un control riguroso de todos los fondos y recibieron la felicitación de la Justicia Electoral por el informe que dieron.
Consideró que es posible que se entreguen facturas y que quienes realicen aportes puedan deducirlo para el impuesto a la renta de manera que todo se realice en forma transparente.
Indicó que solamente es necesario adecuar los manejos a las reglas que establezca la ley para que haya mayor claridad en el manejo del dinero.
Sesión extra
La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley de financiamiento político se realizará el próximo jueves 5 de febrero.
La propuesta que será analizada, que fue presentada por los diputados liberales Amado Florentín y Sergio Acosta, establece que los partidos y candidatos no podrán recibir contribuciones, aportes o donaciones de personas que hayan sido imputadas por hechos punibles relacionados al tráfico de drogas, lavado de dinero o evasión impositiva.
También dispone que, cuando los partidos reciban donaciones de personas con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico o el lavado de dinero se deberá comunicar ese hecho al Ministerio Público para su investigación. Esto podrá ser motivo de impugnación de una candidatura, si la denuncia se da antes de la elección. Si es posterior a la elección, será causal de pérdida de investidura.