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Enrique “Kike” Sarubbi no tiene los recursos económicos necesarios para impulsar por iniciativa propia un juicio basado en una seguidilla de estafas procesales.
Tampoco tiene acceso a los resortes legales que permitan montar una trama que requiere de toda una estructura para que el engaño resulte mínimamente creíble.
En Ciudad del Este se menciona con insistencia el nombre de Estanislao Franco de Oliveira, alias “Chilão”, como uno de los financistas del operativo montado por “Kike” Sarubbi para apropiarse de una propiedad de 20 hectáreas en Minga Guazú, Alto Paraná.
La finca se encuentra sobre la ruta internacional, en el kilómetro 22, jurisdicción de Minga Guazú. El inmueble es propiedad de Inmobiliaria HB SA, según el título de propiedad.
La empresa propietaria fue objeto de desalojo el 19 de febrero pasado. Una violenta intervención de la Policía Nacional, que incluyó el empleo de un helicóptero, terminó por entregar la posesión a Sarubbi.
En la versión digital de ABC Color incluimos un video del momento del desalojo.
Nivel de corrupción
El Poder Judicial llegó a un extremo tal de corrupción que los magistrados y funcionarios ni siquiera tienen preocupación por guardar las formas; las apariencias no importan.
La impunidad que reina explica la falta absoluta de temor a posibles sanciones, los mismos ministros de la Corte Suprema de Justicia perdieron el control del Poder Judicial.
A nadie le importa nada.
Aquí tenemos el caso de “Kike” Sarubbi, quien a mediados de 2013 demandó a su suegro fallecido por “cumplimiento de contrato y obligación de escrituración pública”.
El suegro, Feliciano “Manito” Duarte, murió en junio de 2000.
El marco jurídico de nuestro país establece mecanismos para la sucesión y que personas tienen derecho a ingresar en un juicio sucesorio.
“Manito” Duarte falleció en junio de 2000. La apertura del juicio de sucesión marca el tiempo en que Sarubbi debió definir sus derechos.
La ley es absolutamente clara para definir cuándo debió presentarse “Kike” Sarubbi con su contrato privado sin hoja de seguridad para decir a los herederos: “Señores, la finca es mía”.
No lo hizo cuando debió hacerlo, por lo tanto su reclamo es nulo de nulidad.
No se puede demandar a un muerto por “cumplimiento de obligaciones”. Es tan absurdo, tan ridículo el proceso, que cualquier calificativo queda corto.
Así y todo, ganó el juicio: el juez de Capiatá Manuel Saifildin Stanley ordenó que se entregue el título de propiedad en un juicio donde el muerto no tuvo chance a la defensa.
El abogado Guillermo Montiel tuvo a su cargo llevar adelante el juicio contra el finado “Manito” Duarte.
Riesgo de anarquía
“Kike” Sarubbi se presentó ante el juzgado de Capiatá teniendo en sus manos un contrato privado, sin hoja de seguridad. Era todo lo que tenía en su poder.
Esto ocurrió en el año 2013.
¿De qué sirve el andamiaje jurídico que ampara la propiedad privada?
¿Tienen algún valor las leyes? ¿Qué puede hacer un ciudadano ante un montaje fraudulento donde la complicidad judicial es evidente?
¿Quedar callados y ver cómo roban el fruto del trabajo porque la “justicia” así lo dispuso?
El mismo Poder Judicial, responsable de mantener el equilibrio en la convivencia social, se encarga de abrir las puertas a la anarquía y a la violencia.
Todos los límites fueron superados al demandar a un muerto, ganar el juicio y luego tomar posesión de una propiedad legítima. De este proceso se ocupó el Abog. Jorge Barrios.
roque@abc.com.py