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Fuentes cercanas al oviedismo dijeron que el contralor aguardará el curso de los acontecimientos y que no tiene previsto por el momento presentar su renuncia.
Indicaron también que el mismo estudiará el tenor de la acusación que le hiciera la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones para preparar su defensa ante el Senado.
Por su parte, la subcontralora Torreblanca, según indicaron a nuestro diario fuentes del PLRA, está llevando a cabo conversaciones con senadores de ese partido, que la propuso para el cargo. Su objetivo es evitar que se concrete su destitución.
De hecho, la funcionaria se reunió con varios diputados liberales el pasado miércoles, horas antes de que se tratase en plenaria la acusación en su contra. Esto motivó que 5 diputados liberales no apoyaran su juicio político y optaran por abstenerse en la votación.
Intentamos confirmar esta versión con la subcontralora Torreblanca, pero no fue posible ubicarla. Tampoco el contralor Velázquez respondió a las llamadas.
Acusaciones
La acusación contra el contralor y la subcontralora, aprobada en la Cámara de Diputados, se refiere a los escándalos de corrupción que afectaron a la Contraloría por los pagos millonarios y extraordinarios que recibieron algunos funcionarios privilegiados bajo responsabilidad directa de los ahora enjuiciados.
El caso que mayor notoriedad pública cobró fue el de la “secretaria VIP” Liz Paola Duarte. De acuerdo a las documentaciones que el Ministerio Público verificó, la misma no prestaba servicios en la institución, pese a que cobraba sueldos y horas extras. A través del sistema de circuito cerrado se pudo ver que la mujer nunca asistió a su lugar de trabajo en los periodos comprendidos entre enero y diciembre de 2014 y desde enero hasta mayo de 2015. Sin embargo, en esos periodos cobró sueldo y horas extras.
También se comprobó pago de sueldos como “personal técnico” a integrantes de un equipo de fútbol ligado al contralor, a pesar de que ninguno de ellos era profesional.
En tanto, en el caso de la subcontralora Torreblanca, la misma pagaba a sus empleados particulares que trabajaban en su casa con dinero de la institución, como si fueran funcionarios de la Contraloría.
De acuerdo a los testimonios y documentaciones a los que tuvo acceso la fiscalía, estos empleados concurrían a la Contraloría solamente para marcar su tarjeta simulando su condición de funcionarios.
Además del juicio político, el contralor y la subcontralora están siendo sometidos a un proceso judicial, junto con otros varios funcionarios. La Cámara de Diputados aprobó el desafuero de ambos.