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Opiniones dispares de legisladores se escucharon en Diputados sobre el proyecto de ley de acceso a la información pública, presentado silenciosamente por el defensor del Pueblo Manuel Páez Monges, y patrocinado por los diputados Andrés Retamozo y Víctor González, ambos colorados.
Retamozo, abogado de profesión, exintendente de Hernandarias, asediado por las críticas, se vio obligado a retirar su apoyo a la normativa.
Aseguró haber cometido un error al no analizar acabadamente la propuesta. Admitió que apenas la leyó antes de presentarla. Dijo que tras un análisis realizado por asesores constitucionalistas cayó en cuenta de que la propuesta colisiona con el artículo 28 de la Constitución Nacional. “No se obró como se debía”, manifestó.
El legislador, sin embargo, defiende la idea de aprobar una ley que reglamente el acceso a la información pública. “Acá, instituciones como las municipalidades, las gobernaciones...; incluso a la Cámara de Diputados, la Itaipú niega información. Se debe buscar la forma de reglamentar”, significó el legislador, tras presentar la nota por la que retira su apoyo a la normativa referida.
Segovia defiende
El otro “padrino” del proyecto de ley, el diputado Víctor González, por su parte, defendió la normativa diciendo que es un proyecto “importante para el debate”.
Señaló que existen instituciones que manejan informaciones confidenciales, como la Senad, o la Policía, que deben ser resguardadas.
Dijo que los “errores” podrán ser corregidos durante su estudio en comisiones.
El legislador, en un principio ni siquiera se acordaba de que firmó el proyecto. Posteriormente, habló de la posibilidad de retirarlo si colisionaba con artículos constitucionales; pero finalmente aseguró que dejará para que se estudie.
La normativa de referencia propone crear la figura de información confidencial en las instituciones públicas. Los propios organismos estarán facultados a establecer por resolución qué considera información clasificada y podrán negarlas al público y a la prensa.
Crea un Consejo de acceso a la información que estará conformado por 5 personas elegidas por Diputados, de una terna conformada por el Senado; y que rendirá cuentas al Congreso y al Ejecutivo.
La propuesta está en estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.
Intento desde el 2003
Desde el 2003, en esferas políticas anda dando vueltas la intención de limitar el acceso a la información pública.
La iniciativa es del llamado Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI), constituida en diciembre de 2003 y que reúne a 22 organizaciones sociales. Dos propuestas anteriores fueron rechazadas.
En el 2009, el GIAI volvió a realizar lobby, pero esta vez la propuesta no llegó al Congreso. En el 2011 el entonces senador Orlando Fiorotto presentó un proyecto, pero lo volvió a retirar.