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Los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez confirmaron las resoluciones del juez Humberto Otazú, que en su momento fueron apeladas por la defensa.
Los magistrados revocaron con respecto a los embargos y dijeron al juez que se tienen que individualizar los bienes sobre los cuales se ordenó la medida judicial.
Los camaristas resaltaron que a los imputados se les atribuye la comisión de enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y declaración falsa. Resaltan que son hechos punibles graves, que tienen una alta expectativa de pena y en consecuencia está latente el peligro de fuga. Agregaron que cuanto más alta la expectativa de pena, existe una mayor posibilidad de que los encausados huyan.
Enfatizaron, por otro lado, que existen suficientes elementos de sospechas de la participación de González Daher y de su hijo en los hechos investigados por el Ministerio Público.
En la resolución de segunda instancia, igualmente se ratificó la validez del informe de la Seprelad para una imputación. La defensa alegó que dicho documento es un simple “informe de inteligencia”, que no puede servir como cabeza de proceso penal.
Las abogadas Cecilia Pérez y Sara Parquet habían apelado las resoluciones de Otazú, que ahora fueron confirmadas por la Cámara.