Pobreza, desigualdad, dinámica económica y desafíos fiscales

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la tasa de pobreza general mostró una leve reducción de 33,0% en 2020 a 32,1% de la población al cierre del año pasado. Es decir, la cantidad de personas en situación de pobreza pasó de 204 millones a 201 millones. Este nivel no se registraba desde finales de la década de 2000. Mientras que la tasa de pobreza extrema reportó un incremento. De situarse en 13,1% de la población durante el 2020, para el año siguiente afectó a 13,8% de la población, niveles registrados 27 años atrás. De esta manera, la cantidad de personas en condición de indigencia pasó de 81 millones a 86 millones.

En Paraguay y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la metodología de cálculo de la Pobreza Monetaria se realiza comparando los ingresos per cápita de los hogares con dos umbrales o líneas definidas: la Línea de Pobreza Total y la Línea de Pobreza Extrema.

Así, la Línea de Pobreza Extrema representa el costo monetario de adquisición de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y la Línea de Pobreza Total, el costo monetario de adquisición de una Canasta Básica de Alimentos más el costo de adquisición de otros bienes y servicios no alimentarios considerados esenciales, constituyendo así, otro concepto más abarcador: la Canasta Básica de Consumo (CBC).

Los Indicadores de Pobreza Monetaria y Distribución de Ingresos publicados por el INE revelaron que, para el año de 2021, una persona en el área urbana necesitó como máximo generar G. 312.187 mensuales para satisfacer sus necesidades alimentarias. Es decir, ese fue el ingreso mínimo per cápita que precisó un ciudadano urbano para no situarse en la denominada Pobreza Extrema. Entre tanto, para satisfacer otras necesidades adicionales a la alimentación debió como mínimo generar unos G. 771.558 al mes. Así, un individuo requirió hasta un 15% más de ingresos mensuales para subsistir el año pasado con relación al 2020.

En el año 2021, una persona que residió en zonas rurales necesitó G. 285.099 de ingresos mensuales para hacer frente a su necesidad más elemental: la alimentación. Si se considera, además, la cobertura de otras necesidades no alimentarias como la vestimenta, salud y vivienda, la necesidad de los ingresos aumenta a G. 554.377.

Es de mencionar que, debido a las condiciones sociodemográficas, culturales y económicas, los habitantes rurales poseen menores necesidades de ingresos fijos mensuales para hacer frente a sus necesidades, ya que parte de estos requerimientos, en cierta manera, son cubiertos de forma autónoma a través de cultivos de autoconsumo, la cría de animales y otras prácticas adquiridas de autoabastecimiento.

La siguiente edición tuvo como eje el indicador de la Desigualdad: Descripción, análisis y perspectivas.

De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no se considera solo la riqueza, el patrimonio neto, o de los ingresos, el sueldo bruto. También puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios públicos. Así también, hay desigualdades entre los géneros y los grupos sociales.

Sin bien ya en la prepandemia las asimetrías entre las economías desarrolladas y en desarrollo eran considerables, con la crisis, las mismas se han profundizado. Al respecto, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) remarcaron las importantes brechas que se arrastran en el área económica, en salud, en el combate al cambio climático y en la respuesta a la crisis.

En tal sentido, el organismo reflexiona sobre algunos indicadores. A decir, el 1% de la población posee el 50% de la riqueza mundial; con el 8% de la población, América Latina y el Caribe acumula el 32% de las muertes ocasionadas por la pandemia. Además, la región solo acumula el 8% de las emisiones, pero es una de las más afectadas por eventos climáticos extremos.

En el mismo suplemento se mencionaba que existen otras herramientas para medir la desigualdad como el denominado “Coeficiente de GINI”, un método cuantitativo utilizado donde el valor 0 indica la ausencia de desigualdad económica y el valor 1 denota la máxima desigualdad posible en la distribución de la renta nacional.

A razón de lo definido, la desigualdad en Paraguay –medida según el coeficiente de Gini– se ubicó en 0,431 al cierre del 2021, lo que representa una reducción de 1,4% con respecto al 2020, cuando se había situado en 0,437, de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística.

El comportamiento se vio reforzado, principalmente, por una reducción de la desigualdad en las zonas urbanas en torno al 2% respecto del 2020 (0,413 en el 2021). Sin embargo, no se registró variación alguna en la desigualdad medida en las zonas rurales ya que el principal indicador se mantuvo en 0,426 durante el año pasado.

Durante el segundo trimestre del año 2022, el análisis de la Consultora MF Economía también se había centrado en ¿qué está pasando con la economía paraguaya en el 2022?

En esta entrega se presentaba la dinámica de los diferentes sectores económicos como la última campaña del sector agrícola 2021/2022 que había sido catalogada como la peor zafra de soja de los últimos 25 años en términos de volumen y rendimiento por hectárea. Si bien en la pasada campaña se sembraron unas 64.000 hectáreas adicionales al 2020 (3.701.631 hectáreas de soja), el rendimiento promedio por cada hectárea de soja sembrada en la reciente campaña alcanzó unos 979 kg/ha frente a los 2.728 kg/ha obtenidos en el anterior año, lo que significó una reducción de aproximadamente 64%.

La situación afectó a otros rubros de la cadena agrícola, pero el de las agroindustrias sufrió directamente las consecuencias, debido a su alta dependencia de las materias primas producidas en el país. Una de las principales actividades dentro del sector agroindustrial es el “crushing” o la molienda de soja.

En ese sentido, la capacidad de procesamiento de soja en Paraguay es de aproximadamente 4.500.000 toneladas anualmente. El 45-50% de la producción nacional de la principal oleaginosa (soja), se procesa dentro del país.

Ante la importante caída de la producción, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) había advertido que, de no darse la importación de la principal oleaginosa en 2022, no existiría la oferta interna necesaria para abastecer a las industrias procesadoras, por lo que se encontrarían desabastecidas de su principal insumo para el mes de junio de 2022. Estimaciones dadas a conocer por sectores vinculados dan cuenta de que la producción total de soja en Paraguay alcanzó unas 3.418.970 toneladas en la campaña agrícola 2021/22, es decir, 66,14% menos que en la campaña anterior. Dadas estas condiciones, con este volumen no se llegaría siquiera a abastecer a la industria de molienda nacional.

Es de mencionar que, si bien la campaña del maíz zafriña o maíz de segunda zafra se presentaba con buenas perspectivas, en aquella edición se remarcaba que no lograría compensar la pérdida del sector agrícola.

El economista, exministro de Hacienda y presidente de la Consultora MF Economía e Inversiones, Manuel Ferreira, remarcaba que el menor desempeño del sector agrícola y primario, en general, presionaría a una desaceleración en la dinámica de la mayoría de los demás sectores de la economía paraguaya, impactando en el crecimiento económico del país para el cierre de 2022.

Otro tema abordado durante el segundo trimestre del año pasado fue sobre la “Urgente necesidad de reformas para reencauzar el funcionamiento financiero del sistema público”.

El foco se encontraba en la crítica situación financiera de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal la cual se compone de sectores: superavitarios (empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales) y deficitarios (policías, militares y maestros).

En esa línea, al cierre del año 2021, el déficit del sistema, es decir, la diferencia entre los aportes de los funcionarios activos y los pagos de haberes jubilatorios ascendió a G. 1,13 billones. El descalce aumentó G. 115 mil millones al compararlo con el 2020.

Las cifras históricas y presentadas por el Ministerio de Hacienda muestran un comportamiento irregular del saldo de la Caja Fiscal. Hasta el 2014, el sistema se ubicó en terreno positivo, pero a partir del año 2015, la diferencia comenzó a ser negativa, déficit que es financiado con las contribuciones de los sectores superavitarios e impuestos. Así, el déficit de la Caja Fiscal creció a una tasa anual promedio de 22% en el período comprendido entre 2016 y 2021.

En el mismo orden de cosas, el saldo acumulado de los aportes realizados en los últimos 5 años alcanzó aproximadamente US$ 652 millones. El monto equivale al 45% del presupuesto anual destinado a las obras públicas y más del 100% del monto destinado a cubrir el servicio de la deuda pública total en 2021 (US$ 637 millones).

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el déficit de la Caja Fiscal al cierre de 2021 cerró en US$ 184 millones y para el 2022, las proyecciones ubican el descalce en US$ 408 millones. De no implementarse reformas al sistema de jubilación público, el descalce irá profundizándose tal como se muestra en el déficit proyectado de la Caja Fiscal realizado por el fisco. Para el 2029, el saldo rojo ascendería a más de US$ 3.500 millones.

En esta edición, además de profundizar en los componentes de la Caja Fiscal, se remarcaba la importancia de que cualquier modificación en las condiciones actuales de acceso a los haberes jubilatorios de la Caja Fiscal debe ser tratada con cautela ya que, eventualmente, la situación puede redituar en un mayor deterioro del sistema.

Pobreza

La cantidad de personas en condición de indigencia pasó de 81 millones a 86 millones para el año 2021, que representa 13,8% de la población.

Déficit

La diferencia entre los aportes de los funcionarios activos y los pagos de haberes jubilatorios ascendió a G. 1,13 billones en el año 2021.