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Así explicaron este fin de semana a nuestro diario técnicos del CEDEP, quienes confirmaron que esta tarea afectó a un total de 1.500 cuerpos legales que hacen al funcionamiento del MIC y las diversas gestiones oficiales relacionadas al comercio y a otras actividades que hacen al ámbito de la citada cartera ministerial.
Los informes facilitados por las fuentes indican que muchas de esas normativas “eliminables” ya estaban de hecho fuera de uso u obsoletas, o sobrepasadass o anuladas por otras normativas que han ido surgiendo en todos estos años y que se han ido acumulando debido a la falta, precisamente, de un reordenamiento.
Lo que se hizo con este trabajo es justamente identificar esas normas sin uso o aquellas que solo servían para generar confusión en el universo legal que rodea al MIC y ponerlas por escrito, a fin de que a partir de ahora, tanto las autoridades del MIC y el Poder Ejecutivo gestionen la anulación o desaparición de esas 600 normativas, ya sea ante sí mismas o ante el Poder Legislativo.
Técnicos del CEDEP aclararon al respecto que esta identificación, por lo tanto, no significa la desaparición automática de esas resoluciones o decretos ya inservibles, sino que es el primer paso para lograr eso.
Preguntados sobre el costo de estos ocho meses de tarea de investigación, explicaron que se puede hablar de un aproximado de US$ 200.000, que calificaron como “costo relativo”, porque en realidad algunos acuerdos que tiene el CEDEP, por ejemplo, con la Universidad de Buenos Aires, han permitido contar a favor con ciertos factores que de otra manera hubieran significado un alto precio, pues a través de ello se ahorró en primer lugar el desarrollo de un software especial para este análisis, además de los conocimientos previos para la reorganización de un universo legal.
Aclararon, por otro lado, que a partir de lo realizado en el MIC, que es el primer trabajo en su tipo, no existe una lista de prioridades en cuanto a qué otras instituciones deberían ser analizadas tras este paso inicial, pero anunciaron que el CEDEP seguirá gestionando, tanto financiera como técnicamente, la posibilidad de continuar este proceso de depuración de las normativas que se utilizan a nivel oficial. En cuanto al campo de la utilidad práctica, señalaron que en primer lugar evitará la confusión entre el público usuario, además de otorgar mayor seguridad jurídica y facilidades para comerciantes y otros empresarios, principalmente a los inversionistas.
La presentación
La presentación de este trabajo, recopilado en un texto, se hizo el pasado 12 de mayo de 2016 ante las máximas autoridades nacionales, juristas, estudiantes de derecho e invitados especiales en el Teatro del Hotel Guaraní. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de José Antonio Moreno Rodríguez, presidente del CEDEP y uno de los articuladores del proyecto, quien explicó que este reglamento será de uso obligatorio mediante decreto que será aprobado por el Poder Ejecutivo. En el proceso de trabajo, según indicó, estuvieron involucrados los integrantes jurídicos de las distintas dependencias del ejecutivo, más de 400 personas entre autoridades y funcionarios públicos que han sido capacitadas en el manejo de este reglamento.
“Este proyecto tiene un impacto para la mejora sustancial de nuestro sistema jurídico. Hoy tiene un fuerte impacto, pero en definitiva está pensado para las próximas generaciones, está marcando el inicio para la revolución jurídica más importante de nuestra historia”, manifestó.
Caos jurídico, incertidumbre, desconocimiento de la ley, normas contrapuestas o mal formuladas, contradicciones, falta de certeza, confusión, desorden jurídico y lagunas legales; estos son algunos de los problemas ante los cuales se encuentran el ciudadano común, las propias autoridades, empresas y los profesionales en todos los ámbitos al momento de querer conocer y ejercer sus derechos y obligaciones.