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Si hablamos de “Pobreza energética”, nos referimos a la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los mínimos servicios de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o a aquellos que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energéticas de sus viviendas o, inclusive, a utilizar conexiones clandestinas. Este problema se relaciona directamente con aspectos sociales (como la pobreza y la exclusión social) como así también con los problemas ambientales y de política energética.
Como primer punto, debemos considerar que el acceso y el uso de la energía son derechos básicos y que, en ningún caso, la energía puede ser considerada “un bien de lujo”, sino una necesidad humana.
A finales del Siglo XIX se empezó a hablar de la energía como un derecho humano. El acceso a la energía se relaciona directamente con el Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que protege a las personas en lo referente al nivel de vida, garantizando expresamente “la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
En ese sentido, los derechos humanos tienen su raíz en la dignidad de las personas y cubren todos los aspectos de la existencia humana, los cuales no son solamente aspiraciones ni un “deber ser”, sino que son imperativos universales para la vida digna de toda la población. Así, a pesar de que los instrumentos internacionales no reconocen el derecho a la energía expresamente, sí lo hacen de forma indirecta.
En este orden de ideas, hablamos de pobreza energética lejos del cliché que identifica la pobreza con la exclusión extrema de quienes no tienen techo, sino considerando a la pobreza por las carencias y con consecuencias graves, pero no siempre perceptibles. Según datos de las Naciones Unidas, solo en América Latina existen 24 millones de personas que todavía no tienen acceso a electricidad y 65 millones que dependen de la leña para cocinar; pero ¿alguna vez nos pusimos a pensar en las personas que dependen de la electricidad para sobrevivir?
Sobre este punto en particular también podemos hablar de la electrodependencia, la que no implica precisamente el uso de la electricidad solo para cocinar, alumbrarse o conservar alimentos, sino que implica la vida misma.
Una persona electrodependiente es aquella que necesita de un servicio de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar los equipos eléctricos (respiradores, concentrador de oxígeno y otros) prescriptos por un médico y, de esta manera, no poner en riesgo sus vidas o su salud. Es decir, son personas a quienes un simple corte de luz puede dejarlas sin vida.
Tomando el ejemplo de Argentina, a nivel provincial, se ha regulado que las empresas distribuidoras cuenten con una base de datos de personas electrodependientes. Asimismo, están obligadas a garantizar el 100% del suministro e inclusive a brindar un generador en caso de cortes, independientemente de que en caso de que la continuidad del servicio se vea afectada por diversos factores ajenos a las empresas, los familiares deban trasladar al paciente a un lugar más “seguro”. También está previsto que los hogares que cuenten con una persona electrodependiente sean beneficiarios de la tarifa social. En Paraguay no existe una base de datos de pacientes electrodependientes y estoy segura de que sí existen personas que se encuentran en esta condición. De hecho, recientemente escuchamos el caso del Hospital Central de IPS, que quedó sin suministro de energía eléctrica y el generador dejó de funcionar... ¿Qué garantías tenemos?
En nuestro país, la zona más carente y con mayor pobreza energética es la del Chaco paraguayo, donde se cuenta con solo una línea de transmisión, que conecta a unas pocas localidades.
Se inició un proceso de mejoramiento de la eficiencia energética y de generación eléctrica, pero este solo alcanza a instalaciones estatales, como los destacamentos militares. En las zonas urbanas, el principal problema es el de las instalaciones clandestinas en lugares en donde no llega el sistema interconectado o donde sus redes son insuficientes.
¿Es posible, entonces, decir que en este país aún existe pobreza energética? SÍ, existe tanto en zonas urbanas como en rurales y el principal motivo es que los recursos necesarios para extender la red eléctrica a las comunidades aisladas son demasiado altos o poco factibles (o ambos a la vez). Además, dentro de la matriz energética nacional vemos que la principal fuente de energía proviene de las hidroeléctricas (Acaray, Itaipú y Yacyretá); sin embargo, el consumo solo representa aproximadamente el 18% del total.
La biomasa y los combustibles siguen siendo los principales recursos energéticos utilizados para el consumo de hogares y de la producción. De esta manera, para que “la luz” llegue a estos lugares deberíamos considerar, por citar un caso, la generación descentralizada de electricidad (con base en fuentes renovables) como la solución más sostenible y económicamente viable en Paraguay.
Tomando el ejemplo citado, la Generación distribuida o descentralizada (GD), también conocida como generación in situ o generación embebida, consiste en la generación de energía eléctrica mediante pequeñas fuentes de generación instaladas cerca del lugar de consumo. Se caracterizan por reducir las pérdidas en la red al reducir sus flujos de energía, no revertir flujos hacia la red de transporte y por tener potencias inferiores a 3 kW, aunque en general no sobrepasan los 10 kW de potencia instalada. Los más conocidos son los sistemas fotovoltaicos y las pequeñas instalaciones eólicas. Los sistemas de generación distribuida son más baratos, tienen mayor eficiencia y contaminan menos. La fuente de generación distribuida se sitúa en la ubicación específica, hecho que mejora la fiabilidad del servicio y reduce los requisitos de mantenimiento.
Un tipo de generación distribuida aplicada en zonas urbanas podría ser la generación de energía eléctrica en terrenos ociosos y montar una pequeña huerta solar para inyectarla a la red de la Ande. Tomando como modelo la potencia de un panel comercial de 350 W, este tiene un área aproximadamente 2 m². Un terreno de medidas estándar tiene un área de 360 m², lo que equivaldría a tener una potencia instalada de 56 kW, que son 16 paneles ya considerando un 10% parte de área no utilizable para la cabina de mando y el espaciamiento de los paneles.
Con la energía disponible en un terreno de estas dimensiones puede llegarse a generar en promedio 308 kWh por día (en verano esta producción será mayor) y se podría cubrir 100% de la demanda en horas del día de aproximadamente 20 a 50 hogares y en los otros casos llegar a complementar la cobertura energética de esa área. Es por eso que se puede dar un uso ideal a espacios como estos, inclusive en las propias subestaciones, en las que se cuentan con áreas aprovechables, que sería una propuesta atractiva, con el doble cometido de complementar la cobertura y, en casos de corte, cubrir gran parte de la demanda para consumidores.
Los paraguayos nos encontramos jurídicamente desprotegidos en el área energética. Particularmente en el caso de la energía eléctrica. En el 2006 fue promulgada la Ley Nº 3009 “De la producción y transporte independiente de energía”, que tiene por objeto regular las actividades de producción y/o transporte independiente (incluyendo la cogeneración o autogeneración eléctrica), pero este decreto no hace mención a la generación distribuida o descentralizada.
Hoy día, la administración pública debe tener una actuación firme en la protección de los sectores vulnerables de la sociedad y ejercer presión también en los espacios que correspondan; creo que, a estos efectos, es importante que potenciemos los recursos renovables con los que contamos basando la sustentabilidad en la generación de energía a través de ellos.
Es importante asimismo entender que el acceso a la energía es una necesidad, es un derecho y no es un lujo. Así, estableciendo equipos técnicos multidisciplinarios que analicen marcos regulatorios y nuevas posibilidades de generación, fundados en los lineamientos de la Política Energética Nacional, a través de los cuales se den ventajas al usuario/consumidor y a la vez se fortalezca al sector privado, de manera que sea competitivo. También tendremos mayor calidad de servicio, incrementando la capacidad del sistema y, por citar el caso de la generación distribuida, con menores costos de inversión, cubriendo lugares claves donde se tengan, por ejemplo, los ya mencionados consumidores electrodependientes.
De esta manera avanzaremos con compromiso hacia el desarrollo energético del país, teniendo como objetivo final garantizar el bienestar de la población.
El sector energético es dinámico y no abarca solamente el área técnica, por lo que es necesario abrirse a la diversidad de disciplinas y aunar esfuerzos dejando de lado fanatismos, viejas ideas y viejas prácticas para que así iniciemos el camino del desarrollo a través de mayores obras de infraestructura y regulación.
(*) Becaria del Programa Nacional de Becas “Don Carlos Antonio López” en la Maestría Interdisciplinaria en Energía.