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Entre noviembre y diciembre de 2015 tuvimos siete accidentes laborales en trabajos eléctricos, que tuvieron como protagonistas a técnicos de la ANDE: Edulfo López en Villarrica; Robson Lezcano y Robert Guillén en Vallemí y Andrés Alvarenga en Coronel Bogado. Todos ellos sufrieron graves quemaduras por descargas eléctricas de entre 6.000 y 23.000 voltios. Todos siguen en reposo, con graves consecuencias y pronósticos reservados.
Sin embargo, Rubén Brítez Galeano (50), de Paraguarí; Claro Alcibiades Galeano (44), de Misiones y Joel Medina (28), de Asunción, fallecieron electrocutados.
Además fallecieron por contacto con cables sueltos Crecencia Espínola (43), Germán Carmona (47), Leónidas Espínola (71); todos en San Pedro del Ycuamandyyú. Derlis Fabián Ayala (16) en Fndo. de la Mora y Miguel León Morán (17) en Concepción.
En solo dos meses, por accidentes eléctricos fallecieron en total ocho personas y quedaron heridas otras cuatro. Estos números pueden ser mayores inclusive, pero carecemos de datos. En los dos últimos meses de 2015 hubo un accidente cada cinco días y un muerto cada siete días.
Los Índices de Frecuencia de Accidentes (IFA), de Severidad de Accidentes (ISA) y el de Accidentabilidad (IA) de la ANDE están fuera de rango y el hecho debería ser motivo de especial preocupación para las autoridades y para los propios funcionarios. Sin embargo, parece que no es así. Las estructuras internas encargadas de la salud, higiene y la seguridad en el trabajo, llámense Oficina de Seguridad Industrial (OFSI), Unidad de Medicina del Trabajo (UMT), Comisión Especial de Seguridad (CES), que dependen de la presidencia, están totalmente aplazadas y deberían ser intervenidas urgentemente con el fin de repotenciarlas y reorganizarlas para de reducir los índices de accidentes. Igualmente, las Comisiones Internas de Prevención de Accidentes (CIPA) deben ser actualizadas.
La mayoría de los accidentes ocurren por incumplimiento de normas de seguridad. Por ejemplo, la norma indica que las tareas que impliquen riego de accidente eléctrico deben ser desarrolladas al menos por dos personas es letra muerta para los jefes de unidades.
En el interior los compañeros se trasladan a los lugares de trabajo en moto y hasta a caballo, sin equipos de protección individual (EPI) y mucho menos con equipos de protección colectiva (EPC).
Un ejemplo de política de seguridad que raya la estupidez. En la ANDE, para retirar un zapatón y guantes nuevos de seguridad debe entregarse el zapatón y los guantes viejos, un trámite que puede durar semanas; lapso en que el trabajador debe realizar sus tareas sin estos elementos imprescindibles. Ni se imaginan los trámites para retirar escaleras, pértigas, puestas a tierras, detectores de tensión, herramientas, etc.
Si se hace una auditoría en materia de seguridad, las unidades operativas de la empresa van a ser aplazadas en un elevado porcentaje.
Por otra parte, las instalaciones de la ANDE, principalmente la líneas de distribución en muchos ciudades del interior, están siendo operadas por empresas tercerizadas y particulares, sin conocimiento de los trabajadores de la zona.
El caso del accidente fatal de Claro Alcibiades Galeano, ocurrida en Misiones el 26 de diciembre, debe ser investigado y, si se comprueban los informes oficiosos que denuncian que la muerte del compañero trabajador fue debido a una irresponsables operación de la red de 23.000 voltios efectuado a instancias de estancieros y arroceros de la zona, amerita otro tipo de medidas. Según denuncias de trabajadores de la zona, esta no fue la primera vez que estancieros y ganaderos hacen esta criminal actividad. Las autoridades de ANDE, hasta ahora no han hecho nada ante esta barbaridad.
Los trabajadores debemos saber que ni la urgencia, ni la emergencia, ni la importancia del servicio pueden ser invocadas para justificar la falta de seguridad en el trabajo. Además nuestra seguridad personal nunca debemos poner en manos de otras personas.
Las autoridades de la empresa tienen la palabra para terminar con este sistema, que deja mutilados y muertes que afectan a muchas familias de la ANDE. Las inacciones ante los preocupantes índices de inseguridad laboral no pueden ser solo materia de estadísticas.
(*) Exsecretario general del Sitrande