Ex titular del Indert, en la mira por ventas de tierras

Basados en publicaciones de ABC Color, sobre presuntos graves hechos de corrupción en el Indert, los parlamentarios presentaron denuncia contra Marciano Barreto Leiva y la abogada Norma Valiente, directora adjunta de la Asesoría Jurídica y encargada de la Región Occidental-Chaco, por los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

La presentación refiere la existencia de numerosas denuncias que tomaron estado público, sobre supuestas irregularidades en las adjudicaciones de tierras individualizadas como lotes Nº 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, ubicados en colonia Mayor Pablo Lagerenza, Distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay-Chaco, y que fueron cometidas supuestamente por funcionarios pertenecientes al Indert, con participación de beneficiarios o supuestos beneficiarios.

“Las supuestas irregularidades constatadas han sido las adjudicaciones de inmuebles, la emisión de certificados de ocupación y recibos de cobros de supuestas ventas realizadas, confeccionados presuntamente por los funcionarios de las direcciones regionales del Indert, contraviniendo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1863 ‘Estatuto Agrario’ y la Ley Nº 2419704”, alegan los diputados.

El escrito de denuncia, que fue recibido por el fiscal adjunto Carlos Arregui y la directora de la Unidad de Delitos Económicos, Patricia Doria, especifica las ocho adjudicaciones, pero hace hincapié en el caso la señora Enriqueta Guerrero de González.

La misma resultó beneficiada con la adjudicación en venta del Lote Nº 50, cuya extensión de tierra es de 4.000 hectáreas, por la Resolución Nº 3860/11 de fecha 14 de diciembre de 2011.

“Lo extraño de la decisión asumida por el presidente del Indert, y esto surge de la misma resolución, es que la señora Enriqueta cuenta con un pedido de adjudicación, según expediente Nº 1192 del año 2011, donde consta que ella es una ocupante efectiva de dicho inmueble. Sin embargo, en el mismo expediente de la beneficiaria se ha agregado una contraseña expedida por el Indert en la que consta un número de expediente Nº 2266 del año 1981, totalmente diferente al que supuestamente posee la misma y principalmente de una fecha muy anterior a la del 2011”.

Se agrega: “Siguiendo este camino de oscuridad o irregularidad de ciertos actos administrativos, que ya hemos señalado con anticipación y que fueran realizados por funcionarios pertenecientes al Indert, el representante del Ministerio Público podrá percatarse de la existencia de aparentes recibos de pago expedidos en concepto de compra de los lotes de fechas muy anteriores a la solicitud de compra y adjudicación”.

Asimismo, se alea: “Con relación al supuesto hecho punible de lesión de confianza, este podría quedar configurado, con la determinación previa, con las solicitudes de adjudicación y los correspondientes recibos de pagos, que son apócrifos, ya que realmente las ventas fueron realizadas en el año 2011”.

Pérdida de G. 1.500 millones

Soler, Acha y Ferreira aseguran así que el Estado paraguayo, en vez de haber recibido la suma de G. 6.000.000 aproximadamente por la venta de cada lote, podía haber cobrado la suma aproximada de G. 1.500 millones, con lo cual se reúne uno de los presupuestos del tipo penal del hecho punible de lesión de confianza, al que se suma el rol de custodio que posee el entonces presidente del Indert, Barreto.

Respecto al supuesto hecho punible de producción de documentos de contenido falso, este tipo penal, según los denunciantes, sanciona no solo la producción de documentos de contenido falso sino también prevé el uso de estos instrumentos, hecho que podría ser cometido por los supuestos beneficiarios con las tierras ubicadas en el distrito de Bahía Negra, colonia Mayor Pablo Lagerenza, del Departamento de Alto Paraguay, quienes con resoluciones dictadas en fecha 14 de noviembre de 2011 fueron beneficiados con la adjudicación por venta de inmuebles pertenecientes al Estado paraguayo.

Irregularidades con Lote 51

La denuncia presentada por los diputados de Patria Querida Carlos Soler, Sebastián Acha y Olga Ferreira de López destaca un caso que llama la atención y que tiene relación con la adjudicación del Lote Nº 50.

En ese sentido, se aduce que por resolución R.P. Nº 2409 de fecha 5 de octubre de 2011, Marciano Barreto, entonces titular del Indert, desestimó la solicitud de adjudicación formulada en los expedientes administrativos Nº 848/08, caratulado: “Juan Andrés Bravo Fornerón”, y el expediente Nº 849/08, caratulado: “Osmar Santiago Torres”, con relación a los lotes Nº 57 y 50.

Por resolución R.P. Nº 3860 de fecha 14 de diciembre de 2011, Barreto resuelve adjudicar en venta a favor de la señora Enriqueta Guerrero de González el lote fiscal Nº 50 ubicado en el lugar denominado Colonia Mayor Pablo Lagerenza, del distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay - Chaco, con una superficie de 4.000 hectáreas.

En la misma resolución, dice la denuncia, se hace mención que “... la comprobación de la existencia de un beneficiario y ocupante efectivo actual sobre la fracción antes individualizada (entiéndase Lote Nº 50), la Sra. Enriqueta Guerrero de González, que por cierto también tiene formado un expediente administrativo, Nº 1192/11 (entiéndase del año 2011), por lo que se impone disponer su reconocimiento y la afectación formal de la propiedad a favor del mismo...”.

“De esta documentación se puede afirmar que la Sra. Enriqueta Guerrero de González había solicitado al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) la adjudicación de un inmueble que le pertenece, de acuerdo al Expediente Nº 1192/11”.

Sin embargo, agrega: “Resulta llamativo que dentro de la documentación publicada y arrimada a esta presentación se encuentra una supuesta contraseña con número de expediente 2266/81 y tres recibos de pago de sumas de dinero, una identificada como ‘Recibo Nº 125163, de fecha 8 de agosto de 1984, a cuenta de un lote de 4.000 hectáreas, por la suma de guaraníes dos millones (G. 2.000.000)’; ‘Recibo Nº 88624, de fecha 8 marzo de 1982, a cuenta de un lote de 4.000 hectáreas, por la suma de guaraníes dos millones (G. 2.000.000)’, y un ‘Recibo Nº 98.764 de fecha 29 de agosto de 1983, a cuenta de un lote de 4.000 hectáreas, por la suma de guaraníes dos millones cuatrocientos ochenta mil (G. 2.480.000), todos a favor de la Sra. Enriqueta Guerrero de González”.

El mismo modus operandi

Además de la presunta irregularidad en la adjudicación del Lote N° 50, la denuncia penal habla que se utilizó el mismo modus operandi para la venta de los demás inmuebles.

En ese sentido, el entonces titular del Indert, Marciano Barreto, dictaminó a favor de la adjudicación en venta el Lote N° 57, por resolución Nº 3859 de fecha 14 de diciembre de 2011, que benefició al señor Antenor Dionicio González, y nuevamente, en la resolución referida se lo consignó la “comprobación de la existencia de un beneficiario y ocupante efectivo actual sobre la fracción”, quien tenía formado el expediente Nº 779/11 (año 2011).

En este caso también aparece una supuesta contraseña con número de expediente 2.753/81, y, recibos de pagos de sumas de dinero de fechas 6 de marzo de 1983, 7 de marzo de 1983 y 29 de marzo de 1984, el primero por G. 2.480.000 y los dos últimos por G. 2.000.000, todos a favor del señor Antenor Dionicio González, el adjudicado.

Asimismo, respecto al Lote Nº 51, fueron desestimados expedientes administrativos caratulados “Juan Andrés Bravo Fornerón” y “Osmar Santiago Torres” y por resolución Nº 3857, de fecha 14 de diciembre de 2011, se resolvió adjudicar en venta a favor del señor Hermes Barrios Gaona, y también se hizo la salvedad de que este supuestamente era el ocupante efectivo del inmueble. Sin embargo, en las documentaciones volvió a aparecer una contraseña con otro número de expediente, el N° 6.021/85, y, tres recibos de pagos de sumas de dinero de fechas 14 de agosto de 1985, 27 de octubre de 1985 y 5 de noviembre de 1985, por sumas de G. 2.000.000, los dos primeros, y el último por G. 2.480.000, a favor del beneficiario Hermes Barrios Gaona.

Respecto al Lote Nº 52, también se revocó la resolución N° 2019/10 por la cual, en el año 2010, se había adjudicado en venta al señor Arnaldo Pérez Cardozo y por resolución Nº 3854, de fecha 14 de diciembre de 2011, el Indert resolvió adjudicar en venta a favor de la Sra. Mirtha Díaz Palacios.

En los antecedentes también aparecen tres recibos de pagos de sumas de dinero de fechas 9 de abril de 1983 (por G. 2.480.000), 6 de marzo de 1982 (G. 2000.000) y 30 de marzo de 1984 (G. 2.000.000), a cuenta de un lote de 4.000 hectáreas, todos a favor de la beneficiaria. Mirtha Graciela Díaz de Palacios. Además, en los recibos se dejó constancia de que los pagos se realizaron en el contexto del “expediente Nº 6.407/ del año 1981”.

Otros cuatro beneficiados

Las adjudicaciones en ventas de los Lotes N° 53, 54, 55 y 56 a cuenta del inmueble de 4.000 hectáreas de la colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra (Chaco), también presentan presuntas irregularidades, de acuerdo a la denuncia penal.

Evelio Aurelio Araújo Florentín fue beneficiado con el inmueble Nº 53 en 2011, aunque antes tuvo que dejarse sin efecto otra venta, y los antecedentes dan cuenta de una contraseña con el Nº de expediente 5472/85 y tres recibos de pago de sumas de dinero de fechas 26 de octubre de 1985, 16 de agosto de 1985 y 4 de noviembre de 1985, de G. 2.000.000 los dos primeros y G. 2.480.000 el último, fueron todos a favor de Araújo Florentín.

El Lote Nº 54 fue adjudicado a Martín López Agüero luego de dejarse sin efecto la venta a favor de Pablo Laterra Torres. También aparecen una contraseña y el expediente Nº 4459/81 con tres recibos de pagos de dinero de fechas 30 de marzo de 1984, 8 abril de 1983 y 4 de noviembre de 1985, con los mismos montos que aparecen en el Lote Nº 53, todos a favor de López Agüero, el beneficiado.

En esta misma situación están los lotes Nº 55 y Nº 56, el primero a nombre de Silo Guerrero Acosta y el segundo a favor de Mirtha Lourdes Araújo Armoa. Entre los documentos, a su vez, aparecen contraseñas de otros expedientes que datan del 81 y ‘85, más recibos de pagos de sumas de dinero, siendo que en un primer momento se refieren a expedientes armados en el 2011, lo que resulta sospechoso.