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La nueva Constitución Nacional de 1992 establecía un sistema de Justicia que se debía conformar desde el Consejo de la Magistratura hasta llegar a lo más alto, es decir, la Corte Suprema de Justicia.
El ingeniero Juan Carlos Wasmosy, entonces presidente de la República logró acordar con Domingo Laíno, principal líder de la oposición y Guillermo Caballero Vargas, cuya figura había emergido como nueva opción política, una suerte de cuoteo en el que el partido de gobierno (el colorado) iba a llevar a la mayoría.
Así las cosas, se acordó que los colorados y liberales, por ser los partidos con mayor caudal electoral, eran los que iban a tener más representantes en la primera Corte Suprema de Justicia con la Constitución de 1992. Los otros partidos de la oposición se quedaron con un cupo.
Por Decreto Nº 8316/95, del 3 de abril de 1995, Wasmosy nombró a los colorados Carlos Fernández Gadea, Óscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi y Raúl Sapena Brugada; a los liberales Elixeno Ayala, Enrique Sosa Elizeche y Luis Lezcano Claude y al demócrata cristiano Jerónimo Irala Burgos.
Los nombrados eran conocidos juristas y contaban con buenas referencias pero eso no les eximía de la presión política.
Así comenzó el sistema de cuoteo que predomina hasta hoy.
Un sistema que hace que antes que la Justicia se torne independiente, convierte a los partidos políticos en el dueño del sistema judicial.
En ese contexto, el coloradismo sigue teniendo la mayoría, si es que vamos a analizar con una mirada política
Entonces lo que se había concretado como un elemento de independencia se tradujo en una atadura política.
Por que la idea original era desprenderse de esa perniciosa dependencia del Presidente de la República que fue una constante durante el gobierno de dictador Alfredo Stroessner.
Los tiempos cambiaron y ya no es la orden del más fuerte la que predomina actualmente, sino ahora se utiliza la figura del juicio político para amedrentar.
A 27 años de la caída de la dictadura aún la justicia no puede lograr su independencia.
Porque si la Corte está afectada por la presión política. muchos más lo están los órganos inferiores del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa Pública.
El mecanismo tiene que cambiar, a la clase política le conviene seguir así, porque siempre habrá un magistrado en hacer un favor y el perjudicado será el ciudadano común.
¿Cómo se cambia? Es muy complicado y hasta puede ser muy traumático porque la iniciativa debe partir de los mismos magistrados.
La cuestión pasará por la resistencia en el cargo ante los embates de los interesados en tener sometida a la justicia.
Pero si los gremios de magistrados, fiscales y defensores se hacen respetar, es muy probable que tengan el acompañamiento de la ciudadanía, que verá un gesto de independencia que será del agrado de todos los que buscan vivir honestamente.
El pacto de gobernabilidad se debe realizar entre todos aquellos magistrados, fiscales y defensores que se muestren interesados en realizar su trabajo, sin más presión que el de la ley.
A partir de allí se podría generar un cambio que hará efectivo el espíritu de la Constituyente de 1992 que fue el desatar las cadenas de la Justicia del poder político de turno.
Son tiempos de elecciones, tal vez este sea el momento justo.
ocaceres@abc.com.py