“Poder Judicial debe mejorar su gestión administrativa”

“La propuesta es fortalecer la parte administrativa pagando buenos salarios a gente idónea, a profesionales, a especialistas en asuntos administrativos que realicen planificaciones a favor de la agilización de las funciones y servicios de la institución judicial”, sostuvo la señora Linn Hammergren. Fue al referirse a las ideas que trajo consigo y de las que habló en sus conferencias.

La señora Hammergr es una PhD con una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin, Madison, y estudios realizados en Ciencias Políticas, en la Universidad de Stanford. Ella ha trabajado por más de 25 años en proyectos de desarrollo con énfasis en la reforma judicial, anticorrupción, justicia penal, seguridad ciudadana y gobernanza en general.

La mayor parte de este trabajo se realizó en América Latina, pero más recientemente en África, Europa del Este, Asia y la región del Pacífico.

Ha realizado consultorías para el Banco Mundial, BID, USAID, OSJI (Open Society Justice Initiative, ABA (American Bar Association), NCSC (National Center for State Courts), la Corte Federal de Australia (bajo un Proyecto de Nueva Zelanda) y varias empresas consultoras, entre otras.

Estas consultorías abarcaron contribuciones a los sistemas de justicia de Colombia, México, Nueva Zelanda, Etiopía, Serbia, Rumania, entre otros países.

La experta llegó a Asunción de la mano de la Ceamso, entidad local que mantiene una alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en programas de fortalecimiento, transparencia y apoyo al Poder Judicial paraguayo.

La clave

“Vengo contratada con un proyecto de la Ceamso con la idea de compartir las experiencias a nivel internacional en casi toda América Latina”, expresó la señora Linn Hammergren. Afirmó que la “gestión administrativa” en el Poder Judicial es la clave para combatir y evitar numerosos problemas cotidianos que forman parte de las permanentes quejas de los litigantes y usuarios en general.

La “gestión administrativa” es central en la administración de justicia porque de ella dependerá el desenvolvimiento de los jueces, funcionarios y usuarios en general.

Si bien se trata de un gerente de su juzgado o tribunal, un magistrado requiere de otros apoyos administrativos para contar con insumos, administrar horarios de asistentes y funcionarios, indicó nuestra entrevistada.

Hoy día la reforma judicial debe pasar por el mejoramiento de la gestión administrativa, porque esa es la realidad actual, indicó.

Al entender que sin una buena gestión administrativa, los juzgados y tribunales no funcionarán adecuadamente, dijo estar convencida de las reformas judiciales deben proyectarse para conseguir un buen funcionamiento administrativo.

Ingenieros

Sostuvo que para los cargos administrativos se deben elegir o nombrar preferentemente ingenieros, porque estos profesionales están preparados para organizar y hacer funcionar de la mejor manera las organizaciones administrativas.

Europa y Chile

Tras requerírsele sobre ejemplos positivos de gestiones administrativas en el Poder Judicial, nuestra entrevistada dijo que “es difícil encontrar ejemplos exitosos en América Latina, porque los más buenos han sido en Europa”, pues, según indicó, en los países del viejo continente los cambios en las gestiones administrativas no afectaron negativamente a los componentes de la administración de justicia. Mencionó a Chile como el país sudamericano en donde se puso en marcha una buena gestión administrativa en el Poder Judicial.

“Chile es un país que ha hecho mejor”, afirmó, y señaló que Costa Rica fue el mentor de esa metodología, pero que actualmente se encuentra desfasado.

La experta explicó que innovadores como Costa Rica en este tema administrativo rápidamente quedan desactualizados con el correr del tiempo, en razón de que la dinámica administrativa exige una renovación constante ante los permanentes avances, principalmente de la tecnología.

La buena gestión administrativa judicial es la que logra hacer realizar la eficiencia en los juzgados y tribunales mediante la buena distribución de recursos humanos y técnicos, indicó.

Tecnología

Asimismo, reconoció estar a favor del uso de la tecnología para agilizar y controlar mejor los procesos, pero advirtió que la utilización de ordenadores no garantiza una rapidez si es que sus operadores o encargados no trabajan adecuadamente o al ritmo que exigen esos equipos.

“Soy partidaria más que todo del uso de la informática para hacer seguimiento de lo que pasa adentro”, expresó antes de advertir que la agilidad en la administración de justicia no depende exclusivamente de los avances tecnológicos.

Sostuvo que “no por poner todo el contenido de un expediente en PDF y alzar al sistema se van agilizar los procesos”. Se necesitan personas o funcionarios para leer y expedirse sobre los casos, manifestó.

Corrupción

En cuanto a la corrupción, nuestra interlocutora señala que este mal “hay en todas partes”, pero que existen medios, métodos, recursos y fórmulas para combatirla y evitarla.

Tras preguntársele sobre algunos métodos para combatir o luchar contra la corrupción judicial, la experta dijo que se deben instalar “barreras” a fin de evitar el mayor contacto posible de los usuarios o litigantes con los funcionarios claves o jueces.

“Cerca de la coima”

“El que está sentado a lado de la puerta del juzgado está más cerca de la coima”, dijo al contar que esa afirmación forma parte de una expresión del mundo tribunalicio.

Los recintos judiciales deben estar preparados u organizados para evitar el ingreso de los usuarios o litigantes hasta los sitios donde se encuentran los encargados principales de los expedientes, es una forma de combatir la corrupción, señaló.

Esas barreras tienen que estar deben estar preparadas de tal forma a garantizar el aislamiento y la seguridad del expediente y así como de quienes tienen a su cargo juzgar o manipular los legajos, indicó.

“En el Poder Judicial se habla mucho de la corrupción, y hay corrupción en todas partes”, aseguró para señalar después que este mal puede ser combatido o evitado, pero con mucho esfuerzo y trabajo.

“La corrupción requiere mucho tiempo e investigación”, afirmó, para indicar que en la actualidad se conocen experiencias de hechos de corrupción que terminaron con detenciones de magistrados corruptos que para ello debieron ser objeto de largos seguimientos.

Nuevas ideas y experiencias

Con el asesoramiento de la señora Linn Hammergrense, se busca conocer experiencias sobre la gestión administrativa en el Poder Judicial, así como nuevas ideas, sostuvo Fátima Andrada, integrante del Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso), que acompañó a la experta internacional de nacionalidad norteamericana.

Las charlas y conferencias de la experta servirán para proyectos y programas relacionados a la administración de justicia local para el cual una comisión nacional de reforma judicial está trabajando en la elaboración de una nueva ley.

“Estamos trabajando con la Corte Suprema de Justicia”, manifestó Andrada antes de afirmar que en el proyecto sobre mejoramiento del Poder Judicial “estamos trabajando en recursos humanos, área administrativa y en la reforma administrativa”.

Esos aspectos se refuerza con la actividad que lleva adelante la comisión nacional que desde fines del año pasado trabaja en la elaboración de la nueva legislación judicial en el Congreso Nacional, indicó la representante de Ceanso.

Contó que la organización a la que pertenece ganó una licitación de la Usaid que le sirvió para forjar una alianza con la organización estadounidense a fin de trabajar en los mencionados proyectos.

A su vez, Dora Cristaldo, también vocera y representante de la organización local, destacó la vigencia de la ley de información pública y la calificó como una legislación “histórica” porque permitirá la transparencia de los actos que se registran en las instituciones públicas.

“Esta ley va enriquecer este proceso”, manifestó para afirmar después que la referida legislación, además de garantizar la información pública, ayudará a la transparencia de los actos de los funcionarios de todas las instituciones públicas del país.

Como nunca en la historia de Paraguay, ahora se cuenta con una ley que garantiza al ciudadano exigir y conocer informaciones sobre nombres de funcionarios públicos, cantidad de salarios, fechas de designaciones o nombramientos, indicó Cristaldo.

Dijo que la legislación de referencia también ayudará de sobremanera a la gestión del Poder Judicial, en donde la Corte Suprema de Justicia ahora está obligada a revelar sus actos administrativos.

La legislación que garantiza el derecho de conocer informaciones relacionadas a las instituciones pública también servirá para la transparencia de los actos de fiscales y magistrados judiciales.

eruizdiaz@abc.com.py