Fiscalía sostiene que esposo de Samudio habría pagado deudas personales con dinero desviado de Petropar

El investigador del Ministerio Público Francisco Cabrera señaló en contacto con ABC Cardinal que la Fiscalía acusa a Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, de haber pagado deudas personales con dinero estatal, a través de un esquema de desvío de fondos y un “maquillaje”, para hacer figurar que se habían comprado insumos sanitarios en el contexto de la pandemia.

De acuerdo a los elementos colectados hasta el momento, el Ministerio Público entiende que por medio de este desvío planeado por Patricia Samudio, su esposo y otros funcionarios, se destinaron G. 350 millones para el pago parcial de un préstamo que tenía el cónyuge de la extitular de Petropar con la empresa Recole S.A.

Según detalló el fiscal Francisco Cabrera, parte del dinero de lo que fue pagado por Petropar para la adjudicación de insumos sanitarios fue a parar a la cuenta de Recole S.A, pero esto ocurrió por indicaciones expresas de la pareja de Samudio, “ya que el tenía un préstamo con esa empresa y correspondía un pago parcial del mismo”, indicó el investigador del Ministerio Público.

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Racole no está relacionada con licitación

Cabe aclarar que Racole S.A no es la que proveyó los insumos médicos que Petropar compraría supuestamente para prevención del COVID-19, ni participó del proceso de licitación. Sin embargo, recibió la transferencia de la empresa adjudicada por indicaciones del señor José Costa.

“La licitación en concreto era por G. 359 millones, eso por una orden de pago emitida por Petropar va a la cuenta de Solumedic, que fue la que resultó adjudicada de la licitación. Solumedic nunca llegó a proveer los productos adjudicados por licitación, excepto por una cantidad X de mamelucos”. “Además, Solumedic intercedió para que de las 5.000 botellas de agua tónica adjudicadas sean entregadas 3.000, pero tampoco proveyeron ellos el resto de los productos. Solumedic nunca proveyó, pero si emitieron factura al respecto. Luego, por indicaciones de Costa Perdomo, esa plata recibida la transfirieron a la empresa Racole S.A, donde el señor Costa tenía un crédito”, describió el fiscal Cabrera para graficar el esquema corrupto.

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Confirmó que recibió transferencia

Por su parte, en el marco de la investigación Racole S.A informó que efectivamente recibió la transferencia de G. 350 millones y adjuntaron el pagaré. “Ellos no tenían intervención, pero se vieron beneficiados como tenían otro negocio particular fuera de la licitación”, aclaró el fiscal.

El investigador añadió que la irregularidad radica justamente en que no existe ninguna justificación para que Petropar pague una deuda del esposo de la presidenta.

“Ocurre un perjuicio patrimonial desde el ente. Las firma para autorizar esos giros es de Samudio, ella es la giradora la que autoriza y dispone los fondos”, añadió el fiscal.

En cuanto al agua tónica, los tapabocas, termómetros y otros varios productos que supuestamente se compraron para afrontar la pandemia, estos bienes se licitaron y adjudicaron, “pero se descubrió con las empresas adjudicadas que esos productos no fueron proveídos por ellos”, siguió explicando el agente fiscal.

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Algunos productos “aparecieron”

Contó que cuando el caso tomó estado público y la Fiscalía se constituyó, algunos productos comprados “aparecieron”, pero las empresas adjudicadas “reconocieron que ellos no proveyeron porque no tenían esos productos”.

Además de Patricia Samudio y José Costa Perdomo, están involucrados en el esquema de desvío los funcionarios Félix Marcelo Chávez, director de la Dirección Operativa de Contrataciones, Roberto Ruiz Cabrera Narváez, gerente de Seguridad Industrial en la planta donde se generó el pedido de estos insumos, Miguel Darío Cáceres, asesor jurídico de la Presidencia y Freddy Agustín Careaga, jefe de Recepción y Entrega de bienes, quien documentó que los bienes fueron recibidos cuando así no ocurrió.

Ministerio Público pide juicio

La Fiscalía se ratifica, acusa y pide juicio oral y público para estas personas, pues los investigadores consideran que podrán probar estos hechos supuestamente cometidos.

El hecho punible de lesión tiene un marco legal que va desde pena de multa hasta cinco años de pena privativa de libertad, pero eso se debe analizar teniendo en cuenta el nivel de reproche de los autores, dijo el fiscal Francisco Cabrera.

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