Confirman a juez y fiscal en la causa del gobernador de Central por “obras fantasmas”

El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Parquet y Andrés Vera Aldana, rechazó por unanimidad la impugnación que planteó el juez Humberto Otazú en contra de la inhibición de su colega José Agustín Delmás, en la causa que investiga al gobernador de Central, Hugo Javier González, y a otros 14 imputados por supuesta lesión de confianza, uso de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.

En consecuencia, Otazú es confirmado para entender en la presente causa penal, en la que además del “N° 2″ están procesados Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Javier Marcelo Rojas Giménez, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Nicolás Eduardo Emmanuel Álvarez Doria, Lourde Verónica Lezcano Decoud, Armando Adolfo Soler Espínola, Luis Eduardo Allende Araújo, Édgar José Zaracho Quintana, Guido Rolando Portillo Torres, Modesta Valiente Escobar, José Félix Grau Fernández, Óscar Morel Oses, Óscar Laureano Gaete Gómez y Adalberto Benítez Aguilera.

Por otro lado, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, confirmó en el caso a la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, quien a su vez rechazó la recusación y ratificó en la investigación al fiscal Rodrigo Estigarribia, con el argumento de que no existen motivos para separarlo del caso.

La audiencia de imposición de medidas cautelares se había fijado para el pasado jueves 11 de noviembre, pero no se pudo llevar a cabo debido a que las defensas del gobernador de Central y otros procesados presentaron un incidente de nulidad de la imputación y, además, recusaron a los fiscales a cargo de la investigación y la fiscala adjunta Soledad Machuca.

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Sin bien ya fueron confirmados el juez Humberto Otazú y el fiscal Rodrigo Estigarribia, no se podrá fijar nueva fecha para la diligencia hasta tanto la Cámara de Apelaciones se expida sobre el incidente de nulidad planteado y la apelación que planteó la defensa de Hugo Javier González en contra de la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles que decretó el juez José Delmás para todos los procesados.

El fiscal Estigarribia pidió al Juzgado de Garantías medidas alternativas a la prisión para todos los imputados, pero solicitó que tengan prohibido el ingreso a la sede de la Gobernación de Central.

Supuesto perjuicio oscila los G. 1.700 millones

Según la imputación, Hugo Javier repartió todo el fondo de emergencia a dos organizaciones sin fines de lucro. La fundación CIAP recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud unos G. 1.276 millones.

En las rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas, obras pagadas con otros fondos, pago de salarios, facturas a crédito sin recibo de dinero y otras groseras irregularidades.

El acta de imputación detalla algunas de las supuestas obras realizadas por la ONG CIAP en fecha anterior (mínimo dos meses antes) al desembolso de los fondos de emergencia que tuvo lugar en diciembre de 2020 por parte del Ministerio de Hacienda a una cuenta de la Gobernación de Central.

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El presunto perjuicio sería por un total de G. 1.676.891.126, por el momento, esto “sin que obste a que existan otras supuestas obras en la misma situación, lo cual se determinará en la etapa investigativa”.