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La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, luego de casi seis meses de que se destapara el caso, imputó al gobernador Hugo Javier González por los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Aun así, el gobernador y los demás imputados fueron beneficiados con la solicitud de medidas alternativas a la prisión.
Junto a Hugo Javier están imputados el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo; el tesorero de la Fundación CIAP, Paulino De los Santos Palacios Recalde.
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También aparecen imputados Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP, y varios subalternos del gobernador, tales como la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud; el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola; el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araújo; el asesor jurídico, Édgar José Zaracho Quintana; el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, y el exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera.
Finalmente, también los contratistas Óscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete Gómez.
La Fiscalía detectó indicios de que mediante “obras fantasmas” y la producción de facturas presuntamente falsas, la Gobernación logró desviar –a través de CIAP– miles de millones de guaraníes, incluidos fondos que debían ser destinados a la lucha contra el covid-19.
Se estima que el monto desviado sería al menos de G. 5.105.600.000, en lo que se refiere solo a dos proyectos presentados por CIAP, dinero que supuestamente fue entregado para la emergencia del covid-19; sin embargo, en ninguno de dichos proyectos se hace alusión a la mencionada “emergencia”.