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El proyecto de ley que propone utilizar barreras flotantes o “biobardas” en los arroyos para retener residuos y desechos sólidos obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el jueves último.
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La iniciativa, que fue recepcionada el 9 de setiembre del 2022, pretende brindar una alternativa de solución al problema de contaminación de los cauces hídricos, según sus proyectistas Carlos María López (PLRA), presidente de la Cámara Baja, y Pastor Soria (ANR), titular de la Comisión de Ecología.
El documento presentado por los legisladores justifica la utilización de estas barreras afirmando que no implican un costo oneroso y fueron de mucha utilidad en países como El Salvador, Panamá, República Dominicana y Argentina.
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Dentro de los antecedentes del proyecto también se menciona el uso de las biobardas en la Bahía de Asunción, en el año 2019, lo que favoreció a la extracción de 1.700 toneladas de basura en un solo mes, de los arroyos Ferreira, Mburicao y Moroti.
¿Qué son las barreras flotantes?
Soria explicó que las barreras flotantes o biobardas representan “un sistema trampa” artesanal o de infraestructura que permite detener los residuos sólidos que son arrastrados por la corriente del agua.
El proyecto plantea iniciar su uso de forma piloto en Asunción, por término de dos años, para verificar su efectividad, y extender luego su utilización al área metropolitana y las capitales departamentales donde se concentre la mayor cantidad de basura.
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El propulsor indicó que sería una medida de contingencia a la mala disposición de residuos que existe actualmente.
¿Cómo se implementarían las barreras flotantes?
Si bien el proyecto de ley aún debe ser analizado en la Cámara de Senadores, la normativa considera al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) como autoridad de aplicación.
Esta institución pública es la que deberá establecer los criterios técnicos, las capacitaciones de uso y las fiscalizaciones.
La iniciativa considera a los municipios como los encargados de identificar los arroyos, elaborar los proyectos y aportar los recursos financieros para su ejecución.
Soria explicó que, de promulgarse la ley, las comunas podrán solicitar apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Proyecto de barreras flotantes no es viable sin presupuesto
El director general de Recursos Hídricos del Mades, José Silvero, explicó que debe analizarse muy bien el proyecto de barreras flotantes a fin de garantizar su viabilidad.
Afirmó que los lugares en los cuales se utilizarían las barreras, los funcionarios que realizarían el control, el presupuesto para su aplicación y la logística, son algunos puntos a tenerse en cuenta.
“De buenas a primeras parece interesante el proyecto de ley, pero el primer punto flojo fue la parte de logística, cómo va a funcionar”.
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Silvero explicó además que las barreras tienen un impacto negativo en temporadas de lluvia excesiva, debido a que pueden generar un “efecto represa” por la gran acumulación de basura, lo que tornaría más peligrosos los raudales e inundaría las propiedades vecinales.
El director preguntó: “En la lluvia, ¿quién se va ir a juntar redes en el arroyo?” Sostuvo que el Mades no tiene el personal suficiente para trabajos de campo. Respecto a la competencia municipal consideró que si actualmente las municipalidades no son capaces de limpiar las calles, mucho menos ingresarán a limpiar el arroyo.
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“Acá lo que falta es conciencia ambiental”, remarcó Silvero. Añadió que otra alternativa sería dotar de cámaras de seguridad en los alrededores de los arroyos urbanos para identificar a los responsables de arrojar basura para sancionarlos.
Sanciones por tirar basura a los arroyos
El proyecto de ley contempla sanciones económicas para todos los que arrojen basuras a los cauces hídricos, conforme a las disposiciones de la Ley 3.239 “De los Recursos Hídrícos del Paraguay” y la Ley 3.956 de “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay”, y las demás normas penales y civiles que correspondan.
Se habla de multas de 50 a 500 jornales mínimos, las cuales serán aplicadas de forma independiente a las sanciones penales.