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La apelación planteada por la defensa en contra de la resolución del juez de Garantías José Delmás, quien ratificó el arresto domiciliario de la escribana procesada por supuesta usura y otros delitos María de Lourdes Franco, debe ser resuelto por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción. En esta causa también está procesado el dirigente de fútbol Roberto Garcete y su familia.
La escribana fue imputada el 31 de julio pasado, por el entonces fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Said, por los presuntos hechos punibles de usura, lavado de dinero, asociación criminal y producción y uso de documentos no auténticos.
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El 9 de agosto se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Delmás atendió el pedido del Ministerio Público y dictó el arresto domiciliario de la escribana procesada.
La defensa ejercida por el Abg. Raúl Caballero solicitó una revisión de medidas y requirió la libertad ambulatoria de la profesional procesada. De la audiencia de revisión participó la fiscal Belinda Bobadilla, asignada a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en reemplazo de agente Luis Said, quien ahora forma parte de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico.
Argumentos de fiscala sobre libertad de escribana
La fiscal Belinda Bobadilla se allanó al pedido de libertad ambulatoria para la procesada, con el fundamento que la fianza ofrecida por la defensa, por un total de G. 3.180 millones, permitiría asegurar las resultas del presente juicio y el sometimiento al proceso por parte de la imputada Lourdes duarte.
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La agente anticorrupción argumentó también que el ofrecimiento realizado en la audiencia de revisión de medidas, por la defensa técnica, efectivamente supera ampliamente el monto considerado por el Ministerio Público como eventual perjuicio ocasionado por los hechos punibles investigados.
Bobadilla también consideró que la función que desempeña la procesada así como el arraigo demostrado por parte de la misma permiten concluir que la misma no se sustraería del presente proceso penal.
Finalmente la fiscal de Delitos Económicos señaló que cualquier tipo de restricción a la libertad ambulatoria como parte cautelar del proceso en curso, deben ser agotadas de manera excepcional y solamente cuando otras medidas menos gravosas sean insuficientes.
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Fundamentos del juez para ratificar arresto domiciliario
Al analizar el pedido de la defensa y la postura de la agente fiscal el juez de Garantías José Delmás concluyó que los elementos que motivaron el dictamiento del arresto domiciliario de la escribana procesada, en fecha 9 de agosto de2023, no han variado, y resaltó que la imputada cuenta actualmente con la medida cautelar de arresto domiciliario, la cual, según el Art. 245 inc. 1° del Código Procesal Penal constituye una medida alternativa a la prisión preventiva.
El magistrado agregó que la medida alternativa de arresto domiciliario “es la única vía adecuada para el caso concreto, que hace efectiva la sujeción de la procesada al procedimiento actual”; en consecuencia, ratificó la medida cautelar que actualmente cumple la procesada.
El caso queda ahora a cargo del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, que deberá ratificar la resolución del juzgado de Garantías o hacer lugar al pedido de la defensa y disponer la libertad ambulatoria de la procesada.
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Proceso por esquema de usura ligado a RGD
Según la imputación fiscal, Roberto Garcete y su familia conforman un esquema de usura vinculado a Ramón González Daher y habrían despojado a la víctima de usura Eladio Miguel Britos un inmueble de más de G. 1.000 millones por un préstamo de G. 200 millones.
El Ministerio Público detalla que el protocolo de compraventa de la propiedad fue confeccionado por la escribana María de Lourdes Duarte, también imputada, pero fue inscrito en el Registro Público recién en 2015, dos años después de la firma del mismo, “al momento en que estas personas no pudieron seguir cobrando más intereses” a Britos, de acuerdo a Said.
Originalmente, el documento hablaba de una compraventa por G. 300 millones, pero posteriormente fue modificado para que figure la cifra de 1.500 millones, un monto que se aproxima a la tasación real del inmueble, de acuerdo a la imputación presentada por el fiscal Luis Said.
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Además de Roberto Garcete y la escribana María de Lourdes Franco, en esta causa penal están procesados también la esposa de Garcete, Lidia Concepción Cano; y sus hijos Roberto Alejandro y Fabiana Soledad Garcete Cano.