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La defensa de Roberto Garcete, procesado por los presuntos hechos de usura, lavado de dinero, asociación criminal y producción y uso de documentos no auténticos, presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia del juzgado penal de Garantías que admitió la imputación presentada por el fiscal Luis Said y procesó al dirigente de fútbol y otros cuatro.
Los demás procesados son la esposa de Garcete, Lidia Concepción Cano; sus hijos Roberto Alejandro y Fabiana Soledad Garcete Cano; y la escribana María de Lourdes Duarte Franco.
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El juez José Delmás corrió traslado a la fiscalía y, una vez que reciba la contestación, resolverá el recurso planteado por la defensa. Si el magistrado no hace lugar a la chicana, remitirá el caso a la Cámara de Apelaciones para que estudie la apelación subsidiaria interpuesta.
Según la imputación fiscal Roberto Garcete y su familia conforman un esquema de usura vinculado a Ramón González Daher y habrían despojado a la víctima de usura Eladio Miguel Britos un inmueble de más de G. 1.000 millones por un préstamo de G. 200 millones.
Pagó mucho más de lo que prestó
Ell fiscal Said explicó a ABC que Britos realizó un pago inicial de G. 100 millones para saldar parte de su deuda por el préstamo de los G. 200 millones, sin percibir un recibo, y posteriormente hizo entrega de un cheque por G. 300 millones al prestamista, totalizando una suma muy superior a la deuda original y las tasas de interés establecidas por el Banco Central del Paraguay.
A pesar de eso, Garcete Rodríguez depositó la totalidad del dinero en su cuenta bancaria y se quedó con el dinero, dijo el fiscal.
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El 26 de noviembre de 2014, Garcete citó Britos a una reunión en un edificio del centro de Asunción. Allí se encontraron con Ramón González Daher, quien los intimó a abandonar su casa en un plazo de 30 días. El 20 de diciembre, entregaron la llave a Garcete.
Posteriormente, Garcete los volvió a convocar a una reunión, diciendo que había “buenas noticias”: les dijeron que les iban a devolver la casa, pero con la condición de que Britos firme cuatro cheques por valor total de G. 534 millones.
Britos firmó los cheques y le prometieron devolver la llave, pero pasaron los días y Garcete desapareció.
Protocolo de compraventa alterado
El agente de Delitos Económicos y Anticorrupción refirió que el protocolo de compraventa de la propiedad fue confeccionado por la escribana María de Lourdes Duarte, también imputada, pero fue inscrito en el Registro Público recién en 2015, dos años después de la firma del mismo, “al momento en que estas personas no pudieron seguir cobrando más intereses” a Britos, de acuerdo a Said.
Originalmente, el documento hablaba de una compraventa por G. 300 millones, pero posteriormente fue modificado para que figure la cifra de 1.500 millones, un monto que se aproxima a la tasación real del inmueble, agregó el agente del Ministerio Público.
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Said puntualizó que la familia Britos inició una acción civil buscando la nulidad del título, pero esta no ha tenido un avance significativo, comentó el fiscal.
La Fiscalía solicitó el embargo preventivo del inmueble en cuestión, que continúa a nombre de la empresa Credimoney.
