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En comunicación con ABC Cardinal este martes, el fiscal Luis Said habló de la imputación al presidente del club deportivo Resistencia Roberto Garcete González y a miembros de su familia por presuntos hechos de lavado de dinero, usura, asociación criminal y otros delitos presumiblemente vinculados al esquema extorsivo por el que fue condenado el exdirigente deportivo y político luqueño Ramón González Daher.
El lunes, el fiscal Said formuló imputación contra Garcete González -actual presidente del mencionado club-, su hijo Roberto Garcete Cano, su esposa Lida Concepción Cano y la escribana María de Lourdes Duarte, a quienes acusa de formar parte de una estructura criminal.
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La imputación se realizó en base a una denuncia de Eladio Miguel Britos, también víctima de usura de González Daher, quien afirma que en 2013 pidió un préstamo de G. 200 millones a Garcete Rodríguez, que se realizó de forma informal, para poder cumplir con pagos de un crédito hipotecario de un inmueble de su propiedad en Luque.
El 26 de junio de ese año, Britos accedió al préstamo informal de G. 200 millones, pero Garcete Rodríguez impuso la condición de que las hijas de Britos firmen un documento de garantía que, en realidad, resultó ser una escritura de compraventa del inmueble de Luque, que efectivamente pasó a nombre de la empresa Credimoney, constituida ese mismo año por Garcete Rodríguez.
Pagó mucho más de lo que prestó
Según explicó el fiscal Said, Britos realizó un pago inicial de G. 100 millones para saldar parte de su deuda por el préstamo de los G. 200 millones, sin percibir un recibo, y posteriormente hizo entrega de un cheque por G. 300 millones al prestamista, totalizando una suma muy superior a la deuda original y las tasas de interés establecidas por el Banco Central del Paraguay.
A pesar de eso, Garcete Rodríguez depositó la totalidad del dinero en su cuenta bancaria y se quedó con el dinero, dijo el fiscal.
El 26 de noviembre de 2014, Garcete citó Britos a una reunión en un edificio del centro de Asunción. Allí se encontraron con Ramón González Daher, quien los intimó a abandonar su casa en un plazo de 30 días. El 20 de diciembre, entregaron la llave a Garcete.
Posteriomente, Garcete los volvió a convocar a una reunión, diciendo que había “buenas noticias”: les dijeron que les iban a devolver la casa, pero con la condición de que Britos firme cuatro cheques por valor total de G. 534 millones.
Britos firmó los cheques y le prometieron devolver la llave, pero pasaron los días y Garcete desapareció.
Protocolo de compraventa alterado
El protocolo de compraventa de la propiedad fue confeccionado por la escribana María de Lourdes Duarte, también imputada, pero fue inscrito en el Registro Público recién en 2015, dos años después de la firma del mismo, “al momento en que estas personas no pudieron seguir cobrando más intereses” a Britos, señaló el fiscal Said.
Originalmente, el documento hablaba de una compraventa por G. 300 millones, pero posteriormente fue modificado para que figure la cifra de 1.500 millones, un monto que se aproxima a la tasación real del inmueble, agregó el agente del Ministerio Público.
La familia Britos inició una acción civil buscando la nulidad del título, pero esta no ha tenido un avance significativo, comentó el fiscal.
La Fiscalía solicitó el embargo preventivo del inmueble en cuestión, que continúa a nombre de la empresa Credimoney.