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La audiencia preliminar para el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre y otros dos acusados por el presunto desvío de G. 18.380 millones de la Gobernación se suspendió hace instantes, debido a una recusación que presentó el abogado Fausto Portillo, defensor del “número 2″, en contra del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
La defensa argumentó que la competencia del magistrado en esta causa penal no está firme, teniendo en cuenta que otro de los acusados ya había presentado recusación contra Rodrigo Estigarribia y que, si bien fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, la decisión fue apelada y el recurso está pendiente de resolución.
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La recusación en contra del juez de Garantías fue promovida por el Abg. Fausto Portillo luego que el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta se ratificara íntegramente en la acusación en contra del exgobernador Hugo Javier González, el exdirector de Administración y Finanzas de la Gobernación Javier Marcelo Rojas Giménez y el expresidente del Consejo Regional de Salud Cirilo Daniel Darmanas Flores.
En octubre de 2023, el entonces juez de Garantías de la causa José Agustín Delmás elevó a juicio oral a 10 acusados de presunta lesión de confianza y otros hechos punibles cometidos en el presunto desvío de G. 18.300 millones en la Gobernación de Central y otorgó salidas procesales para siete investigados, a cambio de millonarias donaciones.
Perjuicio de G. 18.380 millones, según Fiscalía
Todos los acusados son sospechosos de formar parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío ilícito de fondos de la institución departamental a través de erogaciones irregulares. Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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Según la acusación, el exgobernador Hugo Javier firmó 51 resoluciones por medio de las cuales autorizó transferencias de los millonarios fondos para la presunta ejecución de los 51 proyectos propuestos por el Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
De acuerdo a las evidencias colectadas, quedó comprobado que todas las transferencias autorizadas entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, en atención a que no se habría cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos. Del monto total de G. 24.424.032.733 que fue desembolsado, la Fiscalía señala en su acusación que el perjuicio ocasionado a la Gobernación asciende a G. 18.384.427.005.
El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta resaltó que la auditoría y fiscalización realizada por la Contraloría General de la República detectó que los proyectos no fueron ejecutados en su totalidad y que de los poco más de veinticuatro mil millones destinados para los proyectos, solo se ejecutaron unos seis mil millones.
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Irregularidades en la administración de Hugo Javier
La acusación fiscal resalta que los proyectos para los cuales fueron desembolsados los fondos no contenían el “plan de acción” a ser ejecutado, es decir, que no fueron especificadas las acciones a ser realizadas, así como tampoco se brindaron detalles de los bienes y servicios que serían adquiridos.
Los planes no tenían un presupuesto debidamente elaborado, con la descripción de los precios unitarios y totales, a fin de analizar la razonabilidad de los recursos a ser desembolsados. Tampoco fueron identificados los lugares en los que deberían ser ejecutadas las actividades.
Los proyectos que contemplaban construcciones no especificaban qué tipos de obras se realizarían, tampoco el lugar de ejecución, no tenían planos de ubicación, especificaciones técnicas, ni el precio de cada una de ellas, pese a ello, la Gobernación realizó los desembolsos.
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Organizaciones no presentaron rendición de cuentas
La acusación presentada por la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción puntualiza que luego de las transferencias, las organizaciones que recibieron las millonarias sumas de dinero no presentaron las copias de rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Las entidades beneficiadas no presentaron a la administración departamental el certificado original y vigente de una cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro, pero igual recibieron los cheques de forma directa que luego fueron efectivizados.
El Ministerio Público puntualiza en la acusación que los fines y objetivos de varios proyectos, para los cuales la Gobernación de Central desembolsó los millonarios montos, no guardaban relación con los fines u objetivos de las entidades beneficiadas con dichos desembolsos.
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El exgobernador de Central Hugo Javier González debe afrontar juicio oral y público en la causa conocida como “obras fantasmas”, por el presunto perjuicio de G. 5.105 millones del fondo covid-19 que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación de Central. El juzgamiento está programado para el lunes 17 de junio próximo.