10 acusados enfrentarán juicio oral y público por el presunto desvío de G. 18.300 millones. Van a juicio oral por lesión de confianza y otros hechos. Los otros 7 tienen salidas procesales a cambio de millonarias donaciones. El exgobernador Hugo Javier González y otros 15 procesados no comparecieron.
El fiscal Silvio Corbeta presentó esta noche el requerimiento conclusivo en la causa de presunto desfalco de G. 18.300 millones, fondos de la Gobernación de Central, transferidos a cinco ONG desde el 2019 al 2020. Acusó al exgobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista) y otros 32 imputados, y solicitó que el caso sea elevado a juicio oral y público.
Hugo Javier González, acusado de desvío fondos. “El caso fue un escándalo por donde se lo mire, porque el exgobernador soporta dos causas, dos acusaciones, una donde ya quedó firme el pedido de juicio oral”, expresó Gladys Villalba, periodista de ABC Color.
El pasado 26 de septiembre el Ministerio Público presentó pedido de acusación contra el exgobernador del departamento Central Hugo Javier González Alegre (colorado cartista) y otros 32 procesados, todos sospechosos de crear un esquema delictivo para embolsarse G. 18.300 millones de los fondos de la institución. Ese dinero transferido desde marzo del año 2019 hasta diciembre de 2020 a diferentes organizaciones “sin fines de lucro” debió ser invertido en salud, educación, vialidad, seguridad, agricultura, artesanía; en fin, para mejorar la calidad de vida de los centralinos.
El exgobernador de Central Hugo Javier González (ANR-HC) espera el inicio del segundo juicio oral, tras la acusación del fiscal Silvio Corbeta por presunto desvío de G. 18.300 millones. Paralelamente, aguarda el inicio del juicio por el presunto desvío de G. 5.105 millones de los fondos Covid.
AREGUÁ. La Unidad Especializada en Delitos y Anticorrupción (UDEA) presentó en la noche del martes acusación en la causa que investiga el presunto desfalco de G. 18.300 millones, fondos de la Gobernación de Central, y sostiene que los 33 procesados actuaron con “dolo directo de primer grado” para causar el daño patrimonial y quedarse con el dinero que debió ser destinado a hospitales.