Intentarán frenar negociado

Se trata del abogado que alertó al Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre las irregularidades en el acuerdo de compraventa entre el Indert y la firma dueña de unas 5.700 hectáreas de tierra en Altos y Atyrá.

En conversación con Canal 100, el síndico ratificó que la transferencia del inmueble al Estado no puede ejecutarse debido a una medida cautelar, pese a que el Indert ya desembolsó por el mismo unos G. 46.900 millones.

Aclaró que el monto pagado representa el 80% del monto total acordado, por lo que aún queda pendiente la entrega de otros G. 14.000 millones.

Aunque ya se concretó parte del negocio, cuando en la víspera el BNF finalmente se vio obligado a liberar la primera etapa del pago, Silva garantizó que hará todo lo posible para frenar la segunda entrega.

“Voy a hacer el máximo esfuerzo para impedir que esto termine de consumarse. Queda pendiente un porcentaje en el precio de la compra”, manifestó.

Ratificó que la operación es totalmente “improcedente”, debido a que constituye un hecho irregular que el Estado haya pagado millones por un inmueble que no puede ser transferido a su nombre.

“Hay una medida cautelar de un juez. Esto se obvió. Esta medida imposibilita la transferencia de estas fincas”, refirió.

El síndico consideró “inentendible” que el Indert haya comprado las tierras sin considerar la medida cautelar.

No descartó, sin embargo, que en el futuro algún juez levante la medida cautelar para favorecer el negociado.

“A mí no me extrañaría que esto luego se levante porque aquí ocurren cosas inexplicables”, sostuvo.

Al explicar los motivos por los cuales un juez estableció un “candado” ante cualquier intento de transferencia de la propiedad de la empresa San Agustín, Silva comentó que hay acreedores que deben cobrar montos pendientes desde hace años.

“El propietario de esta empresa era Carmelo Cabrera, quien fue declarado en quiebra como persona”, explicó.

Indicó que esta persona tenía deudas millonarias, por lo que correspondía la participación de la Sindicatura de Quiebras.

“Me corresponde hacer valer los derechos de los acreedores de Carmelo Cabrera”, refirió.