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El presidente del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) se refirió hoy a la multa de G. 1.000 millones a los directores de la quebrada financiera Ára en el caso del desvío de unos US$ 14 millones, durante el proceso de liquidación y cierre de mayo último. La medida fue recurrida por los afectados, por lo que no fue atendida hasta la fecha.
La sanción fue impuesta por la Superintendencia de Bancos, una dependencia de la banca matriz encargada de controlar el mercado de bancos y financieras. La imposición de la multa afecta a los señores Luis Carlos Alder Benítez, Justo Rubén Ibarra Royg, José Ignacio González Macchi, María Ramona Palmerola Vda. de Sosa, Antonio Reinaldo Draguicevich Enciso, José Luis Andrada Olmedo y Graciela Elizabeth Ruiz Macchi. La multa de G. 1.000 millones es el equivalente al 5% del capital integrado de la entidad financiera, que era de G. 20.000 millones en el momento del inicio de la resolución y cierre. La forma de cálculo se establece en el Art. 7° de la Ley 2.334/03.
El siguiente paso que asumirán los afectados es apelar la multa, lo cual se hace ante el directorio del BCP, integrado por Fernández Valdovinos. En ese sentido, el funcionario aclaró que no puede preopinar al respecto por su calidad de miembro. Sin embargo, explicó que la multa fue aplicada a todos los involucrados en el caso, es decir, entre todos deben juntar los G. 1.000 millones de la multa, lo que exige cada uno de los afectados un monto irrisorio en comparación con el perjuicio ocasionado. “Vamos a seguir trabajando para que se haga justicia (…) Ni el BCP ni la Fiscalía tienen la última palabra. Estamos trabajando coordinadamente y estamos por buen camino, para que no sea tan fácil”, manifestó Fernández Valdovinos en contacto con radio Canal 100.
Con respecto al proceso penal, recordamos que el principal involucrado es el banquero Hugo Carlos Sosa Palmerola, quien pasó unos días en la cárcel de Tacumbú, pero ahora ya está en su casa, gracias a una cuestionada decisión de la Corte. También están procesados y recluidos por este caso Arcenio Céspedes Maciel, Hugo Daniel Ortiz Barboza y Gustavo Vera Ávalos, Ninfa Thomaz Rudis y María Beatriz Gill Ávalos. Sin embargo, la Fiscalía abrió otra investigación penal con base en un nuevo informe del Banco Central, en la que indaga otro desvío: la compra de carteras de créditos que eran incobrables por valor de US$ 2 millones.