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El órgano supervisor dependiente del BCP impuso, de oficio, a los directores de Ára una multa equivalente a G. 1.000 millones durante el proceso de resolución de la entidad financiera quebrada el 13 de mayo del corriente año por incumplimiento del plan de regularización y de otras acciones previstas en la Ley 2334/03 de “Garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetas a la ley general de bancos”.
Esta medida, dispuesta por la SIB, es sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan a la entidad. Cabe señalar que también está en curso el sumario administrativo en la que podría determinarse, según el resultado, otras sanciones a los administradores de la entidad quebrada.
Sin embargo, a la fecha, la primera sanción a los directores de Ára aún no se hizo efectiva, ya que los afectados recurrieron la medida ante el BCP y aguardan la resolución de la Superintendencia de Bancos para avanzar en otras instancias que le permitan eludir el pago de las mismas.
La imposición de la multa afecta a los señores Luis Carlos Alder Benítez, Justo Rubén Ibarra Royg, José Ignacio González Macchi, María Ramona Palmerola Vda. de Sosa, Antonio Reinaldo Draguicevich Enciso, José Luis Andrada Olmedo y Graciela Elizabeth Ruiz Macchi.
La multa de G. 1.000 millones es el equivalente al 5% del capital integrado de la entidad financiera, que era de G. 20.000 millones en el momento del inicio de la resolución y cierre. La forma de cálculo se establece en el Art. 7° de la Ley 2334/03.
Ámbito penal
Por otra parte, en el ámbito penal existen dos causas abiertas por el vaciamiento de la financiera “Ára SA”. La primera: desvío de US$ 14 millones, por lo que se imputó al banquero Hugo Carlos Sosa Palmerola. También están procesados y recluidos por este caso Arcenio Céspedes Maciel, Hugo Daniel Ortiz Barboza y Gustavo Vera Ávalos, Ninfa Thomaz Rudis y María Beatriz Gill Ávalos.
Sin embargo, la Fiscalía abrió otra investigación penal con base en un nuevo informe del Banco Central, en la que indaga otro desvío, la compra de carteras de créditos que eran incobrables por valor de US$ 2 millones.
Antecedentes
La financiera en cuestión empezó a operar en el sistema en marzo del 2012 y en poco tiempo ya incumplieron varias observaciones del órgano regulador, a más de un faltante de US$ 14,3 millones que finalmente derivó en la decisión del directorio de ordenar su liquidación y cierre el 30 de abril del corriente año.
El proceso de resolución y cierre se ejecutó durante todo el mes de mayo, a fin de determinar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, tras la venta de las carteras a Interfisa y Continental.