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Es lo que le ocurrió a quienes con una mayoría de votos en la Cámara de Senadores intentaron destruir toda lógica posible al tratar de volver a blindar a tres parlamentarios procesados en diferentes causas penales.
Los bravucones se quedaron solos con la idea de inventar un procedimiento inexistente en la Constitución.
Utilizando a terceras personas buscaron los dictámenes de dos juristas, el exparlamentario Marcelo Duarte y el exministro de la Corte Luis Lezcano Claude.
Y hasta los juristas a quienes consultaron con la idea de conseguir algún argumento que sirva como aval, les dijeron que estaban aprobando una resolución inédita que con seguridad no tiene antecedentes tampoco en otros países.
Es lo que sostuvo el exministro de la Corte Luis Lezcano Claude, quien explicó que al conceder el desafuero, la Cámara de Senadores puso de manifiesto su voluntad de que algunos de sus integrantes fueran sometidos a un proceso penal y la cuestión quedó desde ese momento en manos de la Justicia ordinaria a los efectos de que se lleve adelante ese proceso.
Lezcano fue lapidario al dictaminar que admitir que la Cámara de Senadores puede revertir un desafuero implica aceptar que puede interferir en un proceso penal en curso, en cualquier etapa del mismo, y eso resulta ilógico, absurdo, arbitrario e inconstitucional.
El exparlamentario Marcelo Duarte también les dijo que el Senado solo tiene la facultad de retirar los fueros a las personas que ocupan determinados cargos, no así la facultad de devolvérselos o de otorgárselos a otras personas, y que los senadores que fueron despojados de sus fueros recuperan los mismos desde el momento en que sean desvinculados de la causa penal por decisión de la instancia judicial.
Duarte le dijo además a ABC TV que este tipo de situaciones deteriora la imagen nacional, porque por un lado el Poder Ejecutivo hace su trabajo, pero su mayoría en el Congreso le perjudica con sus estrategias.
A propósito, en un confuso intento de respuesta, el presidente Peña había intentado defender la decisión ante periodistas uruguayos que hicieron la consulta, ensayando una enrevesada argumentación jurídica que quedó en ridículo con la decisión que tomaron los senadores nuevamente esta semana, de anular la resolución por la que estaban tratando de blindar a sus colegas en represalia por no obtener los votos suficientes para desaforar al expresidente Abdo.
Queda abierto también el análisis del artículo 248 de la Constitución, que establece la independencia del Poder Judicial, señalando taxativamente señala que “en ningún caso los miembros de los otros poderes…podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios.
Fija además que “los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable.”
Claramente es el Ministerio Público, el que tiene la atribución de impulsar la acción contra quienes hayan intentado obstruir procesos judiciales.
Aunque Marcelo Duarte sostiene que al ser una decisión nula, ni siquiera tuvo efecto jurídico de intervención en los tres procesos judiciales abiertos a los congresistas a quienes pretendían restituir sus fueros para esas causas.
Es la primera vez en toda nuestra historia que se dio algo de este tipo, una barrabasada, un hecho contra la ley o la razón, inconveniente e injusto, un disparate, una acción que produce gran daño o perjuicio.