A 10 años de haberse aprobado el préstamo de US$ 200 millones otorgado por el Japón para la construcción de la Central Hidroeléctrica Yguazú y tras un escabroso proceso licitatorio, el Gobierno tomó la decisión de cancelar definitivamente el proyecto alegando su inviabilidad.
En siete años de gestión y después de varias licitaciones fallidas para las obras de la central hidroeléctrica Yguazú, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) solo pudo completar los trabajos del lote 1, “Accesos y obrador”, que costaron US$ 3,5 millones.
Durante el proceso de evaluación, la ANDE, con el aval del organismo del Japón, pidió al consorcio Toshiba Corp. Mitsui que “modifique” su oferta para ajustarla a las exigencias del pliego. Estas maniobras están expresamente prohibidas en el manual del banco japonés y, sin embargo, fueron pasadas por alto para adjudicar el contrato.
Las licitaciones convocadas por la ANDE para la construcción de la Central de Yguazú se rigen por las Normas para Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japón y no por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Lo sorprendente es que se comprobaron irregularidades durante el proceso, incluso prohibidas en esas normas, pero prefirieron ignorarlas.
El proceso para la construcción de la central hidroeléctrica Yguazú se inició en 2005, cuando Japón otorgó un crédito de US$ 200 millones a la ANDE. Desde entonces, sucesivas administraciones de la empresa estatal intentaron concretar el proyecto pese a los cuestionamientos.
Técnicos del sector eléctrico afirman que las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pese a contar con abundantes recursos económicos, realizan una pésima gestión al priorizar obras como la Central de Yguazú, cuando el principal déficit está en la distribución.