En lo que va del año, el Estado transfirió G. 178.041 millones a transportistas del Área Metropolitana en concepto de subsidios por cada pasaje vendido, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Guido Benza, por la vía del Acceso a Información Pública (AIP), Expdte. Nº 75.139. Para concretar esos desembolsos, el VMT primero define el costo del servicio, mediante la Tarifa Técnica (TT), que se trata de una fórmula técnica, en la que los datos de cada componente es aprobado en el Consejo de Tarifa Técnica. El organismo está integrado por representes de instituciones públicas y de gremios de transportistas. Fue creado ante las críticas que recibió el Ejecutivo debido a la falta de transparencia en las negociaciones para frenar un paro del servicio en el 2021.
El decreto 9030/18 que establece un precio máximo de venta del gasoíl tipo III para las empresas de transporte público de pasajeros a G. 4.721 por litro representa un doble subsidio que favorece solo a un grupo de firmas de buses, por lo que es muy injusto en relación a otros sectores, se quejó ayer el secretario general de la Federación de Camioneros del Paraguay, Angel Zaracho.
El Gobierno anunció que se subirá de 100 a 200 guaraníes por boleto el subsidio al transporte público de pasajeros del área metropolitana para que no suba el pasaje. La medida les costará a los contribuyentes unos US$ 7 millones adicionales al año. Petropar elevó precio de todos sus combustibles, entre 200 y 300 guaraníes por litro.
La Contraloría detectó un rosario de irregularidades en pago de subsidio a empresas de transporte. Mencionó desembolsos de G. 29.000 millones sin respaldo documental por buses fuera de circulación, datos falsos de empleados y uso del dinero en rubos no establecidos en el Decreto 6630/2011.
Entre 2011 y 2017 los empresarios del transporte público de pasajeros se embolsaron US$ 69,3 millones del Estado en concepto de subsidio. Accedieron a la plata, pese a no cumplir algunas exigencias. Por ejemplo, estar al día con el IPS y no ser morosos del BNF. El sector sigue en la informalidad, falseando cantidad de empleados, pasajeros, buses y violando leyes.
El fiscal Yoan Paul López imputó ayer a 18 transportistas que cobraron de forma indebida subsidios mediante la adulteración de datos técnicos y recibieron la ayuda estatal por buses chatarras, cuando el dinero debía ser por renovación de flotas. El perjuicio al Estado es de más de G. 13.000 millones.