Los implicados pertenecen a seis firmas de transportes (ver infografía de página). La imputación es por estafa, adquisición fraudulenta de subvenciones y producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso, explicó el fiscal Yoan Paul López.

El agente de la Unidad Barrial Nº 8 (Bº Carmelitas) pidió medidas alternativas a la prisión para los imputados y las causas abiertas por separado cayeron con los jueces Hugo Sosa Pasmor, Gustavo Amarilla, María Gricelda Caballero y Miguel Tadeo Fernández.

Según la investigación penal abierta a raíz de una denuncia presentada por Setama, se estima que 123 buses de un total de 259 estuvieron funcionando de forma irregular.

Los empresarios cobraron los subsidios indebidos porque adulteraron chasis y documentos de buses antiguos, y los hicieron pasar como vehículos nuevos.

Burlaron el sistema porque la normativa establece que los buses tendrán una permanencia de hasta 20 años en la vía pública.

“Para dicho beneficio (subsidio), las empresas de transporte debían contar con todas las documentaciones respaldatorias sobre el título de dominio de los buses e inclusive la inspección técnica vehicular al día. Con todo ello, se presentaba ante el departamento de habilitación de la Setama, hoy Viceministerio de Transporte, a fin de que el órgano de aplicación dictamine sobre las documentaciones en orden que la normativa exige y, con ello, previo dictamen, el Ministerio de Obras Públicas autorizaba la orden de pago, vía Ministerio de Hacienda, correspondiendo a cada bus el subsidio cuyo monto fue variando a lo largo de los años en virtud de decretos del Poder Ejecutivo”, explicó el fiscal.

La estafa se realizó en un lapso de 7 años, y el perjuicio patrimonial ascendería a nada menos que G. 13.165.957.792 millones.