Las autoridades tailandesas detuvieron el pasado lunes a Voeun Veasna y Voeung Samnang, dos activistas camboyanos requeridos por la justicia de su país por haber criticado al Gobierno, y al día siguiente los deportó a su país de origen.
Ambos, detenidos en una prisión de Nom Pen, pertenecían al Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP, siglas en inglés), la principal formación opositora que fue ilegalizada en 2017 por las autoridades camboyanas.
Los activistas huyeron a Tailandia en 2020, pocos meses después de ser acusados de conspiración e incitación por criticar al primer ministro, Hun Sen, en Facebook.
"La devolución forzosa de estos dos refugiados muestra un desprecio descarado por los principios fundamentales de protección de los refugiados", dijo en un comunicado Bill Frelick, director de Refugiados y Migrantes de HRW.
Maria Chin Abdullah, parlamentaria malasia y miembro de Parlamentarios de la ASEAN para los Derechos Humanos (APHR, sigla en inglés), afirmó que los activistas corren el peligro de "tortura y abuso" en Camboya.
"Estamos viendo una alarmante tendencia en la región de regímenes autoritarios intercambiando disidentes políticos con el fin de amenazarlos y silenciar sus voces", precisó Chin Abdullah.
En 2018, Tailandia repatrió a la activista y opositora camboyana Sam Sokha, quien fue condenada a cuatro años de cárcel por aparecer en un vídeo en el que se la ve tirando un zapato contra un cartel electoral de Hun Sen.
Al año siguiente, un bloguero vietnamita, Truong Duy Nhat, desapareció en un centro comercial en Bangkok, donde había pedido el estatus de refugiado, y luego apareció en Vietnam, donde fue detenido.
Al menos nueve disidentes tailandeses han sido víctimas de desapariciones forzosas en Camboya.
Un caso reciente es el de Wanchlearn Satsaksit, un activista prodemocrático que huyó de Tailandia tras el golpe de Estado de 2014 y que en 2020 secuestrado a plena luz del día en la capital de Camboya, sin que se sepa su paradero desde entonces.
Tailandia no es signataria de la convención sobre los refugiados de la ONU, por lo que oficialmente trata a los refugiados como inmigrantes ilegales aunque estén registrados con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR), mientras que Camboya sí es firmante.
En todo caso, HRW y APHR señalan que ambos países están obligados a no enviar a personas a lugares donde puedan sufrir tortura o persecución, aunque sea su país de origen, según las leyes humanitarias internacionales.