"La indignación generalizada por lo impuestos propuestos sobre bienes como compresas y aceite en un país donde la evasión fiscal corporativa es endémica debería ser una llamada de atención para el Gobierno keniano y el FMI de que no pueden sacrificar derechos en nombre de la recuperación económica", afirmó en un comunicado Sarah Saadoun, investigadora sénior sobre pobreza y desigualdad de HRW.
Desde el pasado 18 de junio, Kenia ha sido escenario de una serie de protestas masivas en las que decenas de miles de personas rechazaron un polémico proyecto de ley que implicaba subir algunos impuestos y establecer otros nuevos, como el IVA sobre el pan o sobre productos sanitarios como pañales.
Así, el Gobierno pretendía recaudar 2.700 millones de dólares para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal, en el marco del programa diseñado por el FMI para apoyar la respuesta de Kenia ante la covid-19 y otras crisis como sequías e inundaciones.
Aunque el presidente del país, William Ruto, retiró finalmente la iniciativa legislativa, las movilizaciones han seguido y se han transformado en protestas antigubernamentales, con la última convocatoria precisamente para este martes.
HRW señaló que el Gobierno keniano "tiene otras opciones" para recaudar fondos y mejorar la confianza de la población, mediante "reformas fiscales para hacer cumplir mejor las normas fiscales existentes, abordar la mala gestión y aumentar los impuestos a los más ricos".
"Los gobiernos y las instituciones financieras que los apoyan tienen que responder a las crisis económicas de manera que protejan e impulsen los derechos" y "no exacerben la pobreza y la desigualdad", aseveró la organización.
Las medidas recomendadas por el FMI para reducir el gasto público y aumentar los ingresos del Estado, alertó HRW, a menudo aumentan el coste de la vida y "dañan los derechos humanos", al traducirse en recortes en salud, educación y protección social, entre otros.
Frente a la presión popular, Ruto anunció el pasado jueves la disolución de todo su Gobierno, excepto el ministro de Asuntos Exteriores y el vicepresidente, tras haber anunciado el pasado día 5 una batería de medidas de austeridad.
A diferencia de las protestas antigubernamentales que históricamente ha vivido Kenia, violentas e impulsadas por líderes políticos, estas no cuentan con líderes oficiales y son convocadas por jóvenes de la llamada ‘generación Z’ (nacidos entre mediados de los noventa y la primera década del siglo XXI).
Además, han mantenido un tono mayoritariamente pacífico, si bien desembocaron en la invasión del Parlamento el pasado 25 de junio.
Desde que empezaron las protestas, la respuesta de las fuerzas de seguridad, que dispararon gases lacrimógenos, pelotas de goma e incluso munición real contra los manifestantes, ha dejado al menos 39 muertos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, en inglés).
También ha habido al menos 361 heridos y se han registrado 32 casos de desapariciones forzadas, según esa entidad reguladora.
Esta es la peor crisis de Ruto desde que llegó al poder en septiembre de 2022.
Kenia, estrecho aliado de Occidente, destaca como una de las economías de más rápido desarrollo de África, pero las desigualdades persisten y uno de cada tres kenianos sobrevive con apenas dos dólares al día, según el Banco Mundial.