Una comisión ad hoc, formada a petición de las autoridades palestinas, concluyó entonces que la expansión de asentamientos y puestos avanzados, las restricciones a los permisos de construcción y las demoliciones de viviendas contribuían a una discriminación sistémica contra los palestinos y socavaban las perspectivas de una resolución pacífica.
"Todos los Estados parte tienen obligaciones en virtud de la Convención para garantizar que sus políticas, cooperación y asistencia relacionadas con la situación en el Territorio Palestino Ocupado no permitan ni respalden políticas o prácticas discriminatorias", destacó el comité este miércoles.
Las recomendaciones de 2024 invitaban a usar "medios diplomáticos, jurídicos y otras medidas lícitas para promover el cumplimiento de las normas internacionales y contribuir a abordar las preocupaciones identificadas", recordó el comité de Naciones Unidas.