Se trata del periodista Hernán Higuera, cuya esposa fue despedida de su empleo en una empresa pública, mientras que a su hijo se le suspendió la plaza que ocupaba como estudiante de medicina en un hospital de la seguridad social, por lo que abandonará la investigación, según anunció el medio en su noticiero estelar.
Estas acciones llegaron después de que Higuera publicara reportajes sobre los contratos firmados por el Gobierno para la adquisición de generadores para paliar la crisis energética que afectó al país en 2024 con la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, y que son también investigados por la Fiscalía en un caso de presunta malversación de fondos públicos.
Ecuavisa señaló que el periodista mostró en los reportajes conversaciones, notas de voz y documentos que "levantaban dudas sobre cómo el contrato se negoció, qué intervención hubo al más alto nivel y si existieron incluso pactos entre ministros y asambleístas para evadir la fiscalización".
"Tras esas publicaciones, la reacción gubernamental no fue la de otorgar las entrevistas solicitadas o responder a los reportajes con documentos sólidos. La reacción gubernamental fue la del ataque", añadió.
El medio señaló que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, "mostró su enojo por el hecho de que Ecuavisa insistiera en el tema", ante un pedido de información de Higuera, quien en 2012 recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España.
"A Ecuavisa le preocupa profundamente que el trabajo periodístico implique ahora también estar expuesto a cualquier tipo de repercusión contra familiares o cualquier otra persona cercana a nuestros periodistas, pero que nada tienen que ver con nuestra labor informativa", dijo un presentador durante el noticiero.
"Dejamos constancia pública de nuestra preocupación por las reacciones y actuación del Estado, que en estos momentos parece estar más concentrado en atacar a este y otros medios de comunicación que en sus reales funciones y responsabilidades", añadió.
Otros periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión rechazaron lo sucedido a Higuera y su familia, entre ellos la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), que generó una alerta al respecto.
La Fiscalía ha procesado a 21 personas dentro de la investigación que sigue por estos contratos, quienes supuestamente habrían favorecido a Progen "pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual".
Pese a las irregularidades y deficiencias detectadas, los contratos fueron adjudicados a la empresa y el Gobierno pagó el 70 % del valor total por concepto de anticipo, unos 104 millones de dólares, monto que constituiría el presunto perjuicio para el Estado.