Fuentes de la Procuración del Tesoro -cuerpo de abogados del Estado argentino- consultadas por EFE señalaron que están "analizando todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia" dictada por la Corte de Apelaciones del estado de Columbia (EE.UU).
A partir de una ley aprobada por el Parlamento a finales de 2008, el Estado argentino concretó en enero de 2009 la expropiación al grupo español Marsans de la compañía aérea, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por el entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) tras entrar en una severa crisis financiera.
Marsans presentó entonces una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial que en 2017 condenó al país suramericano a pagar una compensación de 321 millones de dólares más intereses.
Marsans vendió los derechos de litigio a Burford Capital, firma británica que, a su vez, los transfirió luego al fondo belga Titan Consortium, que en 2021 presentó una petición de reconocimiento y ejecución del laudo del CIADI ante un tribunal de Columbia.
En 2024 la Justicia estadounidense rechazó la aplicación del plazo de prescripción de tres años invocado por Argentina y resolvió que el plazo aplicable era de doce años.
En 2025 Argentina apeló ese fallo y finalmente este martes la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la decisión de primera instancia, indicando que el monto a pagar es de 390,9 millones de dólares.