Entre los motivos para su fallo, que responde a un recurso, el tribunal destacó que la Fiscalía no los designó formalmente como detenidos ni les tomó declaración antes de solicitar la prisión preventiva, informaron medios locales a última hora del viernes.
También hizo referencia a las denuncias de los detenidos sobre presuntas torturas físicas y psicológicas para obtener confesiones y señaló que el Tribunal Militar Superior no tiene competencias para juzgar a los acusados, al dictar que todo el proceso debe ser remitido a un tribunal ordinario.
Así, la corte consideró que se violaron las garantías para un juicio justo y no se cumplió con los requisitos legales para la aplicación de la prisión preventiva.
Entre los cuatro hombres, que permanecieron bajo custodia militar durante más de seis meses, se encuentra el general Daba Na Walna, quien presuntamente lideró el plan, los también militares Domingos Nhanque y Mário Midana Sigá y el civil Alexandre Patrão Indi.
También está acusado de participar en esa supuesta intentona golpista el ex primer ministro Domingos Simões Pereira, líder del opositor Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), arrestado el pasado 10 de julio y que aterrizó este pasado jueves en Portugal, a donde se le permitió viajar por motivos médicos y humanitarios.
El presunto intento habría sucedido antes del golpe de Estado que sí triunfó el 26 de noviembre de 2025, cuando el Ejército derrocó al entonces presidente, Umaro Sissoco Embaló, antes de la publicación de los resultados de las elecciones generales celebradas tres días antes.
Embaló, que huyó del país tras el golpe, fue acusado por la oposición y por organizaciones de la sociedad civil de propiciar el golpe para evitar su supuesta derrota en los comicios.
Tras la asonada, la junta militar en el poder nombró al general Horta N'ta, jefe del Estado Mayor del Ejército, presidente para dirigir un período de transición de un año.
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) ha rechazado este programa y ha exigido a la junta militar bisauguienana una transición corta y liderada por un "gobierno inclusivo".
El golpe costó a Guinea-Bisáu la suspensión de todos los órganos decisorios tanto de la Cedeao como de la Unión Africana (UA) mientras no se restablezca el orden constitucional.
La junta militar emitió un decreto en el que se compromete a celebrar nuevas elecciones presidenciales y legislativas el próximo 6 de diciembre.
Guinea-Bisáu arrastra una crónica inestabilidad institucional, habiendo registrado cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012) desde que obtuvo su independencia de Portugal en 1974.