El inicio del juicio contra el representante de la megaempresa criptominera que opera en la ciudad de Villarrica fue postergado y recién se realizará en abril de 2026, según confirmaron fuentes judiciales.
La suspensión se dio debido a que, en la fecha fijada inicialmente para el arranque del proceso, estaba previsto el desarrollo de otro juicio oral y público asignado al mismo Tribunal de Sentencia y a la misma agente fiscal especializada en delitos ambientales.
El juicio cuya prioridad obligó a la reprogramación fue el seguido contra el productor sojero brasileño José Carlos Casagrande, quien finalmente fue condenado por delitos ambientales vinculados al cultivo de soja sin Evaluación de Impacto Ambiental ni medidas de mitigación en el distrito de Eugenio A. Garay.
La causa abierta contra la criptominera Bitfarms (D&N SA) tiene como acusado al gerente de la empresa, Juan Ignacio Marcillo, procesado por el presunto hecho punible de contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos, previsto en el artículo 198 del Código Penal Paraguayo.
El Ministerio Público sostiene que las operaciones de la planta, ubicada en la fracción Arasa Poty del barrio Santa Lucía de Villarrica, generaron ruidos constantes que afectaron de forma directa la salud y la calidad de vida de los vecinos de la zona.
Las denuncias se remontan a junio de 2024, cuando comenzó a operar la planta con más de 14.000 equipos de minería de criptodivisas, produciendo un ruido permanente que, según los pobladores, les impedía descansar y les ocasionó problemas como insomnio, estrés y ansiedad.
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La investigación penal está a cargo de la fiscal especializada en delitos ambientales, Jadiyi Ortiz, quien presentó acusación formal en mayo de este año y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
En un intento por frenar el proceso, la defensa de la empresa presentó un recurso de apelación, que fue rechazado por el Tribunal de Apelación de Villarrica, dejando firme la acusación fiscal y destrabando el camino hacia el juicio.
El Tribunal de Sentencia que deberá juzgar la causa está presidido por el magistrado Heber Patrocinio Chamorro e integrado por el juez Juan Ricardo Gómez, quedando pendiente la designación del tercer miembro para completar su conformación.
Desde la Fiscalía se sostiene que, más allá de las mediciones municipales que en su momento no registraron valores fuera de los límites permitidos, existen indicios claros de afectación ambiental y molestias significativas, agravadas por el cambio de zonificación del área y el carácter industrial de la actividad realizada.
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En julio de 2024, la Municipalidad de Villarrica modificó la zonificación de la zona industrial a mixta, reduciendo los límites de ruido nocturno de 75 a 55 decibeles, parámetro que, según los denunciantes, era superado de forma reiterada.a.
La empresa Bitfarms afirma haber implementado medidas de mitigación, como el aislamiento acústico parcial de sus equipos, y sostiene que cumple con la normativa ambiental vigente. No obstante, los vecinos consideran que esas acciones fueron tardías e insuficientes..
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Para los pobladores del barrio Santa Lucía, la postergación del juicio genera preocupación porque, si bien el motivo está justificado, consideran que la fecha fijada es demasiado lejana. No obstante, mantienen la expectativa de que el caso siente un precedente para regular la convivencia entre comunidades y la creciente industria criptominera en Paraguay.