Los trabajos afectan más de dos kilómetros de esta vía y forman parte de un mejoramiento encarado por el consorcio Rutas del Este, integrado por Sacyr y Ocho A. La firma está representada por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Alberto Pettengill, propietario de la empresa Ocho A.
Un recorrido realizado por la corresponsalía del Diario ABC permitió constatar que las tareas se concentran en el carril más utilizado por los automovilistas, por lo que los vehículos deben desplazarse hacia el espacio normalmente destinado a ciclistas.
Durante el recorrido en la zona utilizada por ciclistas, se observó que se quitó parte de la banquina. Desde el desvío a Nueva Colombia se puede ver que, en un lado, los ciclistas deberán pedalear junto a los autos, y en el otro no quedó espacio disponible.
Uno de los obreros consultados explicó que las labores forman parte de un mejoramiento de la carpeta asfáltica y que se ejecutan entre semana para reducir el impacto en el tránsito. Señaló, además, que la intervención abarcará toda la ruta Luque–San Bernardino, continuará en el acceso a la ciudad y se extenderá hasta la ruta PY02, en la zona de Ypacaraí.
Según los trabajadores, la obra que ahora se desarrolla en Luque-San Ber debería culminar la próxima semana.
Para obtener más detalles sobre los trabajos y el cronograma oficial, se intentó contactar con la dirección del consorcio Rutas del Este, pero no se obtuvo respuesta. También intentamos comunicarnos con la Dirección de Prensa de Rutas del Este, a cargo de Nancy Garay, al número telefónico con terminación 686; pero no atendieron.
Este medio queda abierto en caso de que la empresa desee referirse al tema.
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Antecedentes del consorcio Rutas del Este, integrado por Sacyr y Ocho A
El 8 de febrero de 2026, el consorcio vinculado al hijo del senador Pettengill logró adjudicarse parte de la licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para el servicio de lavandería y provisión de sábanas por más de US$ 23 millones. Se trata de Dylav, integrado por las firmas Dysa Healthcare SA y Lavatt SA, según documentos expuestos por el diputado colorado Mauricio Espínola, quien denunció que el proceso estaría viciado de irregularidades.
El contrato contempla el servicio de lavandería y provisión de sábanas por un monto máximo de G. 160.000 millones (unos US$ 23 millones). Según el legislador, la adjudicación aprobada mediante Resolución Nº 086-018/2025, del 18 de noviembre de 2025, parecería más una compra masiva de bienes disfrazada de servicio, con valores unitarios extremadamente elevados. Señaló que se facturarían más de G. 300.000 por cada sábana y que el costo del lavado superaría los G. 40.000 por kilo, cuando en el mercado ese precio correspondería a aproximadamente 10 kilos. Afirmó que el verdadero negocio estaría en la provisión inicial de sábanas, que permitiría facturar montos altos desde el inicio y luego asegurar ingresos permanentes mediante el lavado diario.
Cabe recordar que el 31 de mayo de 2023, pocos días después de la elección de Santiago Peña como presidente, el Consejo de Administración del IPS había autorizado el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para una licitación de lavandería hospitalaria por G. 485.885 millones (unos US$ 67 millones al cambio de ese momento). Sin embargo, el proceso quedó interrumpido tras un amparo judicial promovido por sindicatos de profesionales y jubilados.
En ese entonces el juez penal de garantías Humberto Otazú hizo lugar al recurso al considerar que la autorización no estaba plenamente justificada y que los argumentos presentados incluso aumentaban las dudas sobre el llamado, mientras que los denunciantes lo calificaron como un gasto innecesario. Posteriormente, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas detectó irregularidades y exigió modificar criterios de experiencia, capacidad financiera y técnica, entre otros requisitos, lo que reforzó las sospechas de que el contrato estaría diseñado a medida de una empresa que finalmente resultó adjudicada en el nuevo proceso.
Por otra parte, el 9 de abril de 2025, el Gobierno presentó un plan para la construcción de una autopista elevada de 4 km en Luque, además del mejoramiento de las rutas Luque–San Bernardino y Luque–Areguá como accesos a la ruta PY02. El proyecto generó cuestionamientos por un posible conflicto de intereses vinculado nuevamente al senador Pettengill, propietario de una de las empresas concesionarias, con una inversión estimada en US$ 180 millones.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones firmó una adenda dentro del contrato de concesión del consorcio Rutas del Este, representado por Juan Carlos Pettengill. Este grupo explota la ruta PY02 (tramo Ypacaraí–Caaguazú) durante 30 años mediante la Ley de Alianza Público-Privada (APP). Las obras se ejecutarían dentro de ese contrato, incluyendo la cesión de la administración del peaje de la ruta Luque–San Bernardino y garantías de pago estatal por las inversiones y el mantenimiento durante el tiempo restante de la concesión.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, aseguró en su momento que el senador supuestamente ya no estaría vinculado a sus empresas.
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