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1.- ¿Qué tenemos en la actualidad, en el ámbito interno?
a. Un Presidente que ejerce el cargo con la plenitud de poderes que le otorga la Constitución al Poder Ejecutivo. Todas sus atribuciones en los campos administrativos, políticos, de defensa, de seguridad, de las relaciones exteriores, etc. son ejercidos con pleno reconocimiento de los otros poderes del Estado, la sociedad civil organizada y la nación en su conjunto.
b. Los demás poderes, los organismos extrapoder y los demás órganos e instituciones, gobernaciones y municipalidades funcionan con toda normalidad en el marco de sus atribuciones, facultades y privilegios establecidos en la Constitución.
c. No existe acto violento alguno, ni siquiera en los habituales piquetes, en los cierre de rutas, en las reducidas y esporádicas protestas callejeras, etc.
d. Los derechos y garantías constitucionales están plenamente vigentes y celosamente custodiados por los agentes del Gobierno.
e. Los adherentes a la corriente bolivariana, que circunstancialmente defienden a su máximo representante local Fernando Lugo, siempre tuvieron dos agrupaciones de naturaleza y funciones distintas.
Los que tienen la misión política expuesta, son pequeños grupos (según los reportes periodísticos) que están en los espacios públicos tratando de dejar algún testimonio de rechazo al juicio político.
Los que tienen la misión política encubierta y la violencia como método están desaparecidos. Probablemente analizando cómo ajustar sus estrategias y acciones ahora que no tienen el apoyo, respaldo y protección del Gobierno.
Estos grupos seguirán operando en el Paraguay sea quien sea el Presidente.
f. Los medios públicos de comunicación están las 24 horas del día de manera exclusiva y excluyente en manos de los partidarios del depuesto presidente. La TV Pública ni siquiera transmitió el mensaje del presidente Franco al Congreso.
Augusto dos Santos (ex ministro secretario de la Sicom) preparó el sistema nacional para ser parte del sistema bolivariano de comunicaciones, fue el más eficaz agente del Castro-chavismo en el Paraguay.
En el continente bolivariano, estos medios, en realidad son órganos de propaganda del gobierno e instrumento de persecución al adversario político. Ej. La TV Pública Argentina decía anteanoche (30/06/12) que Asunción estaba sitiada por los militares y que el único espacio para manifestarse era la TV Pública. Los venezolanos dicen, se publica hoy (2/07/12), que las FF.AA. no responden a sus mandos naturales. Impresiona e irrita, a muchos compatriotas, tanta mentira.
Nuestra realidad es exactamente al revés. Nada es anormal.
2.- ¿Qué tenemos en la actualidad, en el ámbito externo?
a. Una gran campaña, utilizan todos los recursos disponibles, de la internacional socialista para confundir, desprestigiar y desmoralizar a los paraguayos.
b. Nuestra República, el Paraguay, esta sancionada por 2 organismos regionales, Mercosur y Unasur, dominados por los interés económicos de los países que lo integran y controlados por los aliados políticos nucleados en el Castro-chavismo.
c. Una gran desinformación sobre lo que ocurre en Paraguay porque la información del Gobierno todavía no llegó. Esto ocurre porque recién se está organizando, supongo.
La misión de la OEA, en Asunción, puede contribuir a mejorar la información.
Personalmente soy muy escéptico, las posiciones variarán poco, salvo los que de la prudencia pasaran al reconocimiento.
Los bolivarianos no variarán porque no les interesa la verdad, y los neutrales tratarán de encubrir la increíble torpeza de su servicio exterior.
3.- ¿Qué cuestionan? ¿En qué se basan para descalificar el juicio político y declararlo “golpe parlamentario”?
Los argumentos son dos:
a. Uno: “aunque legal, es ilegítimo”. La verdad es que nada es legítimo si es ilegal y nada legal puede ser ilegítimo, precisamente porque es legal.
La legitimidad de origen del Congreso es indiscutible, los diputados y senadores fueron electos y constituidos según las normas y por voluntad de la ciudadanía que los eligió para ejercer el cargo.
La legitimidad en el ejercicio también está fuera de toda duda. El juicio político es un instituto establecido en la Constitución para que el Congreso determine si el Presidente debe o no seguir en el cargo, según la valoración POLÍTICA de ambas Cámaras que la componen.
Los diputados consideraron, con un solo voto en contra, que Fernando Lugo debía ser apartado del cargo y procedieron a acusarlo por mal desempeño. Esta causal está tipificada en la Constitución.
Los senadores, como lo dispone nuestra Constitución, se constituyeron en tribunal a los efectos del juicio político. Este tribunal constitucional, con solo 4 votos en contra, consideró culpable a Fernando Lugo, de mal desempeño y lo destituye.
La Constitución dice a este respecto: “Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios (30 votos, votaron 39 a favor de la destitución) juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos”.
El Congreso Paraguayo actuó estrictamente en el marco legal. Cumplió puntillosamente nuestra Constitución. La única que sirve para nosotros, la paraguaya. Aunque esto no lo entiendan los bolivarianos.
b. Dos: “se violó el principio de la legítima defensa por no otorgar un plazo adecuado al acusado para defenderse”.
Tengo dos preguntas. 1. ¿Cuál sería el plazo adecuado?. 2. ¿Quería el presidente Lugo defenderse?.
Sobre la primera. Los plazos están legalmente fijados en el reglamento establecido por el Senado, tiene atribuciones para ello.
EL ACUSADO ACEPTÓ PÚBLICAMENTE, ESTÁ EL TESTIMONIO EN TODOS LOS MEDIOS, EL REGLAMENTO Y POR ENDE LOS PLAZOS PROCESALES.
Los plazos son vitales para los procesos en sede judicial sea cual sea la naturaleza del juicio.
En el juicio político son una formalidad funcional, es decir que debe ajustarse a la voluntad de defenderse del alto magistrado que es sometido al mismo.
Cuando la intención es no defenderse, el plazo se convierte en un formalismo que solo sirve para la chicana jurídica o la especulación intelectual.
Los que afirman que el plazo para defenderse imposibilitó la defensa no explican qué es lo que no pudieron hacer u obtener para ejercerla con eficacia. Solamente instalan el debate sobre las horas, no sobre el impedimento. En este contexto cualquier plazo es cuestionable.
Sobre la segunda:
Todos los datos conocidos indican que el Presidente no quería defenderse, su estrategia era suspender o demorar el juicio político. Estos son los datos:
a) El obispo de Caacupé Claudio Giménez, según el corresponsal de ABC Color (ABC 2/07/12): “En relación al cambio de postura del expresidente Lugo, el prelado manifestó que cuando se entrevistaron con el mismo y le solicitaron un llamado a la pacificación y su renuncia a la Presidencia, se comportó de una manera muy amable. Les sorprendió sí que haya cumplido con su palabra dada al llamar a la pacificación y aceptar el resultado del juicio político.
“Que después haya cambiado de postura ya no es raro”, dijo, y agregó que Lugo les pidió que visitaran también a los diputados, pero que no pudieron hacerlo esa noche (…)
Sobre la posición de la Iglesia en la crisis, explicó que el consejo permanente se reunió el martes, días antes de que se iniciaran los acontecimientos. A raíz de lo ocurrido en Curuguaty, decidieron visitar a los tres poderes del Estado y hacer un llamado a la pacificación. Dijo que al primero a quien llamaron fue a Lugo, pero que solo pudieron hablar con la secretaria, con quien registraron un pedido de audiencia, que nunca se concretó. El Poder Judicial sí los recibió.
b) El abogado del Presidente Dr. Adolfo Ferreiro, de paso excelente elección por sus conocimientos jurídicos y de teoría del Estado, durante un programa conducido por el periodista argentino Andrés Repetto dijo que ante la consulta que le realizara a Lugo sobre su defensa, este le dijo “hacé lo que quieras”.
c) Hay otros datos más, como la gestión que hicieron políticos y empresarios para postergar o suspender el juicio ya en pleno proceso. Pero resalto que si el expresidente hubiera querido defenderse podría comparecer personalmente a explicar las razones y motivos que le llevaron a actuar como actuó. Todos sabemos qué y por qué hicimos cuando las acciones o decisiones son importantes; no importa cuán lejos esté en el tiempo.
4.- Causal del juicio político
Todos los sistemas democráticos del mundo tienen métodos de control entre poderes. Todos los sistemas, sean parlamentaristas o presidencialistas, con diferencias de matices, reconocen al Congreso o Parlamento la facultad y atribución de juzgar o destituir al que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo.
Nuestra Constitución establece en el artículo 225 que al Presidente y otros altos dignatarios de la República se los puede someter a juicio político por tres causales: delitos cometidos en sus funciones, delitos comunes o mal desempeño de sus funciones.
La Cámara de Diputados acusó por “mal desempeño”. El mal desempeño refiere a que existe un desempeño debido, deseado, exigible. Cuando los representantes del pueblo en el Congreso estiman que, como en este caso, el Presidente no se comportó como se espera que lo haga, se promueve el juicio político con el solo propósito de apartarlo del cargo.
Los diputados hacen una valoración política del desempeño y si acuerdan que no es admisible la forma en que lo hace, lo acusan.
La Cámara de Diputados con un solo voto en contra consideró que el Presidente no cumplía debidamente sus funciones.
La Cámara de Senadores se constituye en tribunal para valorar políticamente las razones que exponen los diputados y las explicaciones que da el sujeto sometido a la valoración política de sus actuaciones.
Se sigue discutiendo, teóricamente, cuál es el margen de discrecionalidad que sin dudas ofrece el modelo. De cualquier modo, cuando un ejecutivo pierde la confianza o sus actuaciones no tienen el respaldo político suficiente para evitar problemas de parálisis o de confrontaciones perjudiciales para el país, se procede al juicio político.
La Cámara de Senadores consideró por una impresionante mayoría, solo cuatro votos en contra, que la Cámara de Diputados tenía suficientes motivos para solicitar la remoción del Presidente y coincidió en la necesidad política de removerlo. Así sucedió.
5.- Consecuencias del juicio político
Como vimos, el juicio político puede desembocar en la destitución del Presidente. Cuando el Presidente es destituido debe asumir inmediatamente el Vicepresidente. El artículo 227 dispone “en casos de (…) vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá (el vicepresidente) de inmediato con todas sus atribuciones”.
El presidente Federico Franco es el Presidente, no por su voluntad, sino por la voluntad del soberano, del pueblo paraguayo, que estableció que así sea por medio de nuestra Constitución. Se lo eligió fundamentalmente para estos casos.
6.- Las razones expuestas para el juicio político
Existe una gran coincidencia teórica en el sentido que no se puede utilizar este recurso tan crítico, tan extremo cuando se trate de errores o desacuerdos de carácter estratégico o programático.
Que guste o no un programa o la forma de ejecutarlo, no debería ser razón suficiente para impulsar un juicio político.
El principio de racionalidad indica que es la forma de pensar, que se reflejan en un comportamiento, lo que debe ser valorado porque hace predecible el comportamiento en el futuro. La destitución lo que pretende es que no se siga decidiendo y actuando como en el pasado.
En el caso del juicio político que destituyó a Fernando Lugo se puede mencionar muy sucintamente, de acuerdo al alegato presentado por los diputados, los siguientes motivos.
a) En su función de Comandante de la fuerzas públicas: 1.- Autorizó la realización de actividades políticas, más de una y por días, en los cuarteles por parte de los partidarios de una ideología contraria a la establecida en nuestra Constitución y que por décadas pretendieron eliminar a las FF.AA. del sistema institucional.
Las consecuencias fueron que se menoscabaron el honor y la disciplina en las FF.AA. Peor, al destituir a los jefes militares y proteger a los que sustituyeron los símbolos patrios por los de su comunidad política, envió una clara señal de preferencia por un tipo sectario de fuerza.
2.- Encomendó a un equipo de militares encabezado por un coronel del Ejército Paraguayo la realización de tareas bajo las órdenes de una entidad civil (Indert), llegando al extremo de obedecer órdenes de los “carperos”, organización política estimulada, asistida y protegida por el expresidente para la violación sistemática de la propiedad privada.
3.- La policía fue condicionada por este tipo de medidas y otras disposiciones de carácter político y operativo que impidieron actuar con eficacia para la prevención de delitos.
4.- Nunca dictó una orden general compatible con su responsabilidad política para orientar las operaciones para combatir el crimen organizado con propósitos políticos.
5.- Lejos de preservar la moral de las fuerzas a su cargo, se ocupó de arrinconarlas y desmoralizarlas.
b) En su función de garante de la soberanía nacional.
El Presidente tiene a su cargo la diplomacia y las FF.AA. para garantizar la soberanía.
Suscribió el tratado de Ushuaia II, se empeñó en ocultarlo al pueblo y sus representantes, por el cual la soberanía, el funcionamiento de las instituciones y el mismo desarrollo nacional quedaban en manos y a criterio de gobiernos extranjeros.
El comportamiento de los países suscriptores hoy demuestra que la ciudadanía tenía razón para alarmarse y en general solicitar su rechazo.
c) En su función de garante de la seguridad y promotor del desarrollo nacional
Transcribo: “Fernando Lugo a través de las secretarías dependientes de la Presidencia se ha ocupado sistemáticamente de promover y desarrollar políticas de apoyo a grupos afines a su ideología, promoviendo la lucha y la persecución contra la gente dedicada a la producción y el trabajo fecundo.
“Las invasiones han sido programadas y estimuladas desde el Palacio de López o Mburuvicha Róga justamente para producir los resultados contrarios a la voluntad soberana establecida en la Constitución”.
d) Función de representante de la Nación y el Estado paraguayo
Transcribo: “Fernando Lugo desde siempre y en el ejercicio de las más alta magistratura ha deshonrado a su investidura y avergonzado a la nación. Encarna la violencia contra la mujer, la niñez y ha utilizado el cargo para ocultar esas acciones.
Finalmente mi opinión: Estimo que en el Paraguay no existió una ruptura del orden constitucional y en consecuencia, ni siquiera una agresión al sistema democrático.
Lo único que ocurrió es una reafirmación de nuestra condición de República libre y soberana.
Es incomprensible la actuación de ciertos países. Aquí no hay nada que restablecer; hay paz, hay tranquilidad, las instituciones funcionan normalmente y las próximas elecciones están garantizadas.
Qué es lo que pretenden, generar confusión, violencia, para justificar su error ¿o propósito político de imponernos una ideología?.