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El oficial de justicia Virgilio Benítez Álvarez tramita ante el Registro Público el embargo preventivo de cinco inmuebles de la Municipalidad de Ciudad del Este con relación a un juicio de ejecución de sentencia iniciado por cinco exfuncionarios municipales con la pretensión de cobrar una indemnización de G. 1.271.376.980. La retención implica la afectación de activos y constituye una garantía de cumplimiento de una obligación reclamada judicialmente.
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La medida judicial en trámite afecta la finca del Shopping París, ubicado en el microcentro; el inmueble del polideportivo “Carlos Barreto Sarubbi”, situado en el barrio Pablo Rojas, además de tres terrenos colindantes donde está el Centro Educativo Municipal en el barrio Ciudad Nueva. Con los inmuebles se cubre la suma reclamada, explican en la demanda.
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Según los antecedentes, en el año 2014, durante la gestión de Sandra McLeod de Zacarías (ANR), cinco funcionarios del cuadro permanente de la Comuna fueron desvinculados. Luego, los afectados iniciaron un juicio laboral para la reincorporación, cuyo veredicto fue favorable.
En el 2018 los ex funcionarios intentaron un acuerdo con McLeod para la reincorporación, pero no tuvieron éxito. Posteriormente iniciaron otro juicio para reclamar la indemnización.
En el 2020 los demandantes lograron una sentencia favorable, que imponía una indemnización de G. 5.977 millones en primera instancia. Pero, en el 2022, la Cámara de Apelaciones redujo el monto de la compensación a G. 1.271 millones, a raíz de un recurso planteado por el equipo jurídico de la Municipalidad.
Comuna considera irregular el embargo
El embargo contra las propiedades de la Municipalidad se dictó en el marco del tercer juicio impulsado por los exfuncionarios y que se diligencia en el juzgado civil y comercial del Quinto Turno de Ciudad del Este, a cargo de Gabriela Ramírez.
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Wilmer Cuevas, director jurídico de la Municipalidad, expresó que la demanda en gestión es irregular porque afecta a bienes de dominio público, que son inembargables.
Cuevas anunció que el equipo jurídico de la Comuna solicitará el levantamiento del embargo de las propiedades en cuestión.
El director jurídico comentó que la indemnización reclamada por los exfuncionarios fue incluida en el presupuesto y su pago depende de la disponibilidad de fondos. Dijo que no descartan llegar a un acuerdo con los demandantes.