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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el diputado Roberto González (ANR) lamentó el rechazo en la Cámara Baja, por oposición de la bancada colorada cartista, de un proyecto de ley que planteaba que los legisladores a ser designados como representantes del Congreso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados presenten sus antecedentes académicos en la carrera de Derecho para corroborar su legalidad.
La propuesta, presentada por la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), llega luego de los escándalos en torno al senador Hernán Rivas y al diputado Orlando Arévalo, ambos miembros de la facción cartista Honor Colorado de la ANR, cuyos títulos universitarios de Derecho generan dudas sobre su legitimidad.
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El senador Rivas se vio obligado a dejar el Jurado de Enjuiciamiento en octubre de 2023 ante la presión por las denuncias de supuesta ilegitimidad de su diploma. El diputado Arévalo, sin embargo, permanece en el Jurado con el cargo de vicepresidente.
El diputado González, que forma parte del movimiento colorado Fuerza Republicana, disidente del cartismo, dijo considerar una “lástima” el rechazo del proyecto de Vallejo, que -en su opinión- “hacía falta para dar tranquilidad a la ciudadanía” y devolver algo de prestigio al Jurado.
Señaló que la propuesta podría ser reflotada en el Senado, que también tiene potestad para legislar sobre el Jurado de Enjuiciamiento.
Propuesta para el Consejo de la Magistratura sí se aprobó
El diputado González presentó un proyecto de ley similar, que planteaba modificar la ley que rige al Consejo de la Magistratura para exigir que los representantes del Congreso en ese órgano judicial no solo contar con diploma de abogado, sino también haber ejercido funciones en magistratura o en la cátedra universitaria en materia jurídica por un periodo total de al menos diez años.
Ese proyecto sí fue aprobado durante la sesión de ayer de la Cámara Baja.
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El diputado González admitió que su propuesta “en un país serio e institucionalizado sería risible” porque la Constitución Nacional ya establece las exigencias para la designación de miembros del Consejo de la Magistratura, pero señaló que era necesaria porque, a pesar de las normas establecidas, “se nos cuela cualquier cosa”.
“La cuestión ética y de integridad no vamos a lograr retocando disposiciones legales. Yo puedo tener 20 años de ejercicio de la profesión y puedo ser un fracaso moral y éticamente (...) La antigüedad no salva la cuestión de integridad”, concluyó.