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Entre las deficiencias del proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados la semana pasada y quedó a cargo de los diputados colorados Andrés Retamozo y Víctor González Segovia está la figura de “información reservada”, clasificada “por resoluciones particulares de las instituciones del sector público”.
Esto viola “los más elementales estándares en materia de acceso a la información pública” establecidos por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, asegura el GIAI en un comunicado a la prensa divulgado hoy.
La legislación presentada exige la identificación de solicitante de la información, con nombre, apellido y número de cédula, restringiendo el acceso sólo a ciudadanos paraguayos o extranjeros con residencia en el país.
En países como México, Chile, Uruguay o Brasil la ley de acceso a la información pública garantiza que cualquier persona desde cualquier parte del mundo – inclusive en forma anónima – pueda solicitar información pública. “Se trata de un derecho humano, no limitado por nacionalidades”, detalla el comunicado.
Además, la propuesta faculta a las instituciones públicas a establecer los costos de los pedidos de información, lo cual podría llevar a que las instituciones públicas establezcan costos de reproducción elevados que en la práctica limitarán el acceso a la información pública.
Por otro lado, condiciona el ejercicio del periodismo al establecer que las autoridades deberán proporcionar información a los periodistas “sin más restricciones que las contempladas en esta Ley y en las demás leyes de la República”. “Esta disposición es una restricción a la libertad de prensa”, relata el escrito, ya que viola lo establecido en el Artículo 26 de la carta magna, que establece que “el ejercicio del periodismo no puede estar sujeto a ningún tipo de limitación o restricción”.
La propuesta además restringe el acceso a la información de procesos judiciales más allá de lo que actualmente está previsto en las normas procesales, limita el acceso a la información pública cuando se trate de hechos de corrupción que involucren a funcionarios públicos, establece criterios de reserva de la información tan laxos como “la seguridad del Estado”, “el interés protegido por la Constitución y las leyes” o “la gobernabilidad”, y prevé la posibilidad de que los organismos del Estado nieguen una solicitud de acceso a la información alegando “la inexistencia de datos en su poder”, por más que se trate de información que esos organismos estén obligados a producir.
La legislación propuesta, prevé la creación de un Consejo de Acceso a la Información, que estará integrado por personas escogidas por el Congreso, convirtiéndose en un potencial conflicto de intereses. El organismo se encargará de “resolver la negativa” a las solicitudes de información realizadas a los organismos del estado.
“El procedimiento ante el Tribunal de Cuentas es sumamente largo e incompatible con la naturaleza del derecho de acceso a la información, el cual, para ser efectivo, requiere inmediatez. Con el procedimiento previsto en la ley, podrían tardarse años hasta acceder a la información solicitada”, destaca el comunicado.
Este consejo estaría ubicado en Asunción, limitando en la práctica el ejercicio del derecho de acceso a la información a los habitantes de localidades lejanas.
El presidente electo, Horacio Cartes, también expresó su repudio a la propuesta presentada.
El Paraguay necesita una ley de acceso a la información para consolidar su sistema democrático y combatir la corrupción en los organismos del Estado. Sin embargo, el proyecto de Ley de los diputados González y Retamozo está lejos de facilitar el alcance de esos objetivos, reiteró el organismo.
El GIAI presentó otra propuesta basada en delineamientos establecidos en organismos internacionales. Esta legislación fue consensuada con los sectores interesados y fue presentada ante la ciudadanía hace poco menos de un mes. El proyecto de ley puede ser descargado en PDF desde el siguiente link.
“Este anteproyecto está abierto a comentarios y sugerencias de optimización, porque una ley de acceso a la información pública tiene que ser una construcción colectiva, no el fruto de la inspiración o el oportunismo de algún político o funcionario”, aseguró Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), una de las 22 organizaciones de la sociedad civil miembros del GIAI.
Si bien en Paraguay aún no existe una ley que reglamenta el acceso a la información pública, este derecho está consagrado en la Constitución Nacional y ratificado por el Congreso a través de diversas normativas internacionales.