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“Por este medio aclaro que no conozco ni voy a respaldar iniciativas legislativas que apunten a restringir el acceso a la información pública”, aseguró el mandatario electo, desde su cuenta oficial del Twitter, @Horacio_Cartes.
Seguidamente, Cartes aseguró también que rechaza “cualquier medida que limite la labor de la prensa y el acceso a la información pública”. “Yo quiero una prensa crítica y responsable”, sostuvo.
La legislación, presentada por el defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, crea la figura de “información clasificada como reservada por las entidades públicas”. Los organismos, por resolución, podrán decidir qué información se puede hacer pública o ser entregada a los periodistas y cuál será “reservada”.
Además, crea un organismo de acceso a la información, que estará integrado por personas escogidas por el Congreso, arriesgando la independencia del ente. El mismo se encargará de “resolver la negativa” a las solicitudes de información realizadas a los organismos del estado.
La propuesta está en estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por el colorado Ramón Romero Roa. De sancionarse y promulgarse este proyecto de legislación, las autoridades podrán ocultar o negar informaciones a los periodistas. Con el pretexto de “seguridad”, los ministros y funcionarios en general tendrán la potestad de rechazar pedidos de informes sobre viáticos, salarios y nombramientos en los entes.
La idea de una ley de acceso a la información pública, necesaria para la consolidación de una democracia, puede distorsionarse y terminar imponiendo más restricciones para acceder a las fuentes, por lo que a este tipo de iniciativas se la denomina “ley de mordaza”.
Uno de los casos más emblemáticos de “mordaza” fue el de la Ley 1728 de Transparencia Administrativa y Libre Acceso a la Información, aprobada en el 2001 durante el gobierno de Luis Ángel González Macchi. La legislación ponía una serie de trabas a la labor periodística, limitando enormemente la posibilidad de acceder a documentos oficiales. Tras una ola de críticas, la normativa fue derogada el mismo año.