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“Los representantes del nuevo gobierno hablan mucho sobre la transparencia, y la mejor forma de transparentar un gobierno es haciendo pública la información”, expresó Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), una de las 22 organizaciones miembros del GIAI.
El grupo presentará un anteproyecto de ley durante un foro donde otros dos expertos de Brasil y Chile hablarán de sus experiencias con la implementación de la legislación en sus respectivos países. “El plan es volver a hablar sobre este tema, tomar insumos de las experiencias de Chile y Brasil, y tratar de que el nuevo parlamento tome el desafío de debatir una ley de acceso a la información”, destacó.
“Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La Ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. (…)”, detalla el Artículo 28 de la Constitución Nacional.
El Estado paraguayo también ha asumido diversos compromisos internacionales para garantizar la libertad de expresión, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con esta y otras normativas internacionales, los Estados se comprometen a garantizar la libertad de expresión y satisfacer el derecho de saber de las personas, aspectos vinculados intrínsecamente al libre acceso a la información.
Sin embargo, Paraguay es uno de los pocos países que no tienen una legislación a nivel nacional para reglamentar y asegurar el acceso a la información, junto con Venezuela, Nicaragua y Argentina, explicó Santagada.
El anteproyecto presentado por GIAI, denominado “Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, está basado en una normativa modelo aprobada por la OEA en el 2010.
La propuesta establece obligaciones mínimas de transparencia, que incluyen presupuestos, ejecuciones presupuestarias, organigramas con nombres y apellidos, salarios de los funcionarios públicos y sus obligaciones, declaraciones juradas y viáticos desembolsados, entre otros. Estos datos deben estar disponibles en formatos accesibles.
La legislación se basa en el principio de máxima divulgación, lo que significa que es el Estado debe probar que una información no puede ser divulgada por cuestiones de seguridad pública y privacidad de terceros. También se basa en el principio de la gratuidad y contempla plazos y sanciones para el incumplimiento de las solicitudes de información, explicó Santagada.
Otro aspecto de la ley es que contempla la derogación de los delitos de calumnia en casos de interés público. Con esto se evita la criminalización de periodistas, aseguró el abogado.
“No es una ley para periodistas, es una ley para todos, para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y fomentar el control ciudadano sobre el gobierno. El acceso a la información es vital en la lucha contra la corrupción”, sostuvo Santagada.
El proyecto de ley puede ser descargado en PDF desde el siguiente link. El objetivo de los propulsores es abrir al diálogo sobre la iniciativa, para luego presentar una legislación consensuada con todos los sectores afectados.