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De la mano del mismo defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, cuyo mandato venció en el 2008, fue presentado en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública.
En el legislativo se hicieron cargo de la propuesta los diputados colorados Andrés Retamozo y Víctor González Segovia.
En el justificativo de la norma los proyectistas señalan que con la ley se pretende “fomentar la participación de los habitantes en el fortalecimiento de las instituciones democráticas”.
Sin embargo, lo que propone son trabas, y crea la figura de “información clasificada como reservada por las entidades públicas”.
Los organismos, por resolución, podrán decidir qué información se puede hacer pública o ser entregada a los periodistas y cuál será “reservada”.
Crea, además, un burocrático Consejo de acceso a la información, que estará integrado por personas escogidas por el Congreso. El mismo se encargará de “resolver la negativa” a las solicitudes de información realizadas a los organismos del estado.
La propuesta está en estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por el colorado Ramón Romero Roa.
De sancionarse y promulgarse este proyecto de legislación, las autoridades podrán ocultar o negar informaciones a los periodistas.
Con el pretexto de “seguridad”, los ministros y funcionarios en general tendrán la potestad de rechazar pedidos de informes sobre viáticos, salarios y nombramientos en los entes.