La Cámara de Senadores aprobó sobre tablas una modificación del artículo 86 de la conocida ley “De Bancos” que obstaculiza la labor fiscal porque prevé que el levantamiento del secreto bancario debe ser realizado mediando orden judicial, en una investigación puntual. Lo llamativo es que la medida solo coarta el trabajo al Ministerio Público y a la Seprelad, órganos que pueden “molestar” a particulares que pretenden ocultar su patrimonio. Tanto la Subsecretaría de Estado de Tributación, como el Banco Central del Paraguay, la Contraloría General y la Dirección de Aduanas no precisan de autorización judicial para acceder a información bancaria de personas físicas o jurídicas, lo que crea más suspicacias.
El fiscal adjunto Federico Espinoza calificó de “blindaje a las mafias organizadas” la versión de Senadores sobre la “ley de bancos”. Dijo que cercena la facultad constitucional que tiene la Fiscalía de investigar. Además, con la obligación de levantar el secreto bancario con orden judicial, se propicia la impunidad, indicó.