El decreto reduce la protección de las cavernas brasileñas y amenaza áreas preservadas que pueden tener valor arqueológico o geológico, alegó la Cámara de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural del Ministerio Público Federal en su parecer.
De acuerdo con los especialistas en medio ambiente y patrimonio de la Procuraduría, las normas anunciadas "permiten la destrucción de cavidades consideradas importantes y violan principios constitucionales".
Según el órgano, la preservación de las cavidades naturales subterráneas y de los lugares arqueológicos y prehistóricos está garantizada por la Constitución debido a que se les considera bienes de propiedad del Estado.
El documento, firmado por la subprocuradora general de la República, Julieta Albuquerque, afirma que el decreto ignora principios constitucionales que rigen el asunto y le resta valor al principio de desarrollo sustentable reconocido por la Constitución.
Se trata de una "reglamentación que debilita aún más el sistema de protección del patrimonio espeleológico y que puede provocar una drástica reducción con graves pérdidas para el Estado y los demás titulares del derecho al patrimonio natural", alega.
El parecer del organismo fue enviado al procurador general de la República, Augusto Aras, con la recomendación de que el Ministerio Público lo evalúe y adopte las eventuales medidas necesarias para suspender la validad del decreto, incluso mediante recursos ante la Justicia.
El decreto de Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña y de muy criticadas posiciones ambientales y discurso antiecologista, permite que los órganos responsables por emitir licencias para construcciones u obras autoricen la destrucción de cavidades naturales subterráneas, como cavernas, grutas o cuevas, incluso cuando son consideradas de "máxima relevancia".
Según el decreto publicado el 12 de enero, la licencia será emitida en caso de que el constructor demuestre que los posibles impactos son consecuentes de actividades o proyectos de utilidad pública y que no hay alternativas técnicas a la destrucción de la cavidad.
Para obtener la licencia para construir en áreas de cavernas, incluso las consideradas como importantes arqueológica o geológicamente, el constructor también tiene que demostrar que su obra no "provocará la extinción de especies presentes en la cavidad" y comprometerse a adoptar "medidas compensatorias".
Para los organismos y asociaciones ambientalistas y científicas, sin embargo, los impactos negativos de la destrucción de una caverna en su biodiversidad son irreversibles.
"Los impactos irreversibles (destrucción) no estaban permitidos en las cuevas más importantes, que ahora quedaron sin protección", alegó la Sociedad Brasileña para el Estudio de los Quirópteros (SBEQ) en un comunicado en el que denunció que la norma es parte de una estrategia del Gobierno de Bolsonaro para desmontar la legislación ambiental del país.
Los científicos alegan igualmente que los servicios ecológicos brindados por las cuevas, como el depósito de acuíferos y la contención de los pulsos de inundación, también podrían verse comprometidos.