La lluvia de solicitudes para ampliar el gasto público no cesa, y todo apunta a que seguirá, teniendo en cuenta que aún falta poco más de un mes para cerrar el proyecto de presupuesto 2020.
Los datos manejados por Hacienda revelan que los pedidos adicionales superan actualmente los G. 15,1 billones (US$ 2.375 millones), la mayor parte corresponde a gastos en servicios personales (salarios y otros beneficios).
De este total de gasto, la parte que se plantea financiar con recursos del Tesoro o provenientes de la recaudación impositiva representa el 92,1% y el restante 7,9%, con préstamos y recursos que generan las instituciones por el servicio que prestan (ver cuadro ilustrativo).
Los pedidos adicionales se presentan a Hacienda después del 30 de junio, luego de que las instituciones públicas hayan entregado sus respectivos anteproyectos de presupuestos que lo elaboran bajo ciertos parámetros y topes establecidos por la cartera fiscal.
Hacienda dispuso como tope el equivalente a 95,5% del presupuesto 2019 vigente (G. 80 billones), considerando que no se prevé ingresos adicionales debido a la desaceleración económica y el complicado panorama regional, principalmente en Brasil y Argentina, que siguen en crisis.
Los pedidos que se conocen son, entre otros, los efectuados por el Ministerio del Interior-Policía Nacional, por US$ 200 millones, y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por US$ 400 millones.
Tanto el ministro de Hacienda, Benigno López, así como el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, ya adelantaron que el Tesoro no tiene recursos y por ello no se dará curso a las solicitudes de mayores gastos y menos lo correspondiente a salarios.
El proyecto de presupuesto 2020 deberá ser presentado al Congreso a más tardar el 1 de setiembre y su análisis estará primero a cargo de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para que emita un dictamen. Posteriormente, el tema deberá ser tratado en sesión plenaria de la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores.
A contramano de pacto de austeridad
Las entidades públicas no cesan en su afán de gastar más y proponen gastos adicionales a contramano de la política de austeridad que impulsa el Poder Ejecutivo, a través de la firma de un acuerdo con el Congreso y el Poder Judicial. La idea que se manejó en la primera cumbre de presidentes de poderes del Estado, el último lunes, es reducir el gasto público y mejorar los servicios, de tal modo a tener un ahorro de US$ 600 millones en el corto plazo y en ese sentido, se apunta a que las primeras medidas se implementen en el proyecto de presupuesto 2020. Sin embargo, las instituciones públicas ya reclaman gastos adicionales de casi 300% más de lo que se pretende ahorrar en el futuro.