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Inicialmente, los impulsores del proyecto argumentaron que el documento plantea la necesidad de una fuerte reducción de las tarifas, sobre todo para los sectores de “bajo consumo”. Además, el acceso a la energía eléctrica se presentó como un ” derecho humano”.
Proponen financiar la reducción de las tarifas a través de la aplicación de los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá, bajo el argumento de que estos recursos hoy son utilizados de forma “muy poco transparente” y también para fortalecer y mejorar la infraestructura eléctrica. El proyecto fue remitido al Congreso nacional en diciembre del año pasado.
El reclamo generalizado de los asistentes apuntó a las facturaciones de la ANDE, y a lo costoso que es la energía eléctrica para la población, en un país considerado “el mayor exportador” de energía eléctrica y que es “copropietario” de una de las mayores generadoras de energía del mundo. También hubo una denuncia contra una cooperativa de Campo Aceval, que cobra a los campesinos una “tarifa abusiva”, que está por encima del pliego de tarifas de la ANDE. En general, los participantes se quejaron del alto costo de una energía y de la mala calidad del servicio.
Los asistentes pidieron el estudio y aprobación del proyecto, y que inclusive se “mejore”, que los descuentos sean mayores, incluso que la energía sea gratuita para el segmento de la población de “muy escasos recursos”.