Lo que primeramente se denunciara como un “robo” de G. 600 millones, se fue desvirtuando con las averiguaciones, apuntando más a una “entrega” del dinero, y llegando al colmo que hasta ahora ni siquiera la supuesta casa de cambios, dueña del dinero, reclamó el millonario monto. “Yo y todo quiero encontrar”, dijo en broma el fiscal, aunque en serio apuntan que “categóricamente” el dinero es sucio.
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Las declaraciones juradas de bienes y rentas, que todos los funcionarios deben presentar a la Contraloría General de la República al asumir un cargo público y al abandonarlo, sirven para detectar un eventual enriquecimiento ilícito, comparándolas entre sí y atendiendo los ingresos regulares. Es decir, no se trata de una obligación meramente formal, impuesta por la Constitución, sino que apunta a prevenir o sancionar un hecho punible, penado con hasta diez años de cárcel. Para que cumpla con su objetivo, es preciso que la Contraloría comprueb...
