Nadie ignora que los “empresarios” del transporte de la Gran Asunción tienen la pésima costumbre de apelar al chantaje de las “reguladas” para imponer sus abusivas pretensiones. Lo hacen impunemente, aunque la Ley N° 6789/21 diga que si amenazan o extorsionan al Estado, por cualquier medio, cometen un “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos”. Hasta hoy, el Ministerio Público no ha cumplido con su deber de intervenir de oficio ante ese delito de acción penal pública, en tanto que el viceministro de Transporte, Óscar St...