Firmas cuestionan adjudicación de almuerzo escolar

CORONEL OVIEDO (Víctor Daniel Barrera Burgos, de nuestra redacción regional). La Gobernación de Caaguazú, administrada en forma interina por Eliodoro Giménez (PLRA), realizó un nuevo llamado a licitación para la provisión del almuerzo escolar para utilizar un remanente de unos G. 4.600 millones del presupuesto del año 2017. La forma en que se realizó la licitación fue muy cuestionada por dos empresas oferentes. 

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Entre las oferentes se encuentran Granos y Aceites SACIA, representada por Ana Fariña Mecedo con G. 3.242.478.000; La Parrilla de Charlot (Néstor López Paniagua) con G. 3.204.335.250; la firma Ingenio de Alimentos Campo Verde (Rodolfo Méndez), con 3.257.600.000 y Punto M SA (Natalhie González) que propuso G. 3.199.500.000.

Punto M SA, que presentó la oferta más baja, con una diferencia de G. 4.835.250, ganó la licitación. Quedó en segundo lugar La Parrilla de Charlot. 

Los representantes de La Parrilla de Charlot y Alimentos Campo Verde protestaron en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), institución que rechazó la medida y dio luz verde al proceso de adjudicación. 

El representante de la empresa Alimentos Campo Verde, Rodolfo Méndez, denunció que Punto M SA no cumple con las mínimas documentaciones para que sea ganadora de esta licitación. Indicó que no presentó Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), que debe ser emitida por Instituto Nacional de Alimentación (INAN), no cuenta con la experiencia de tres años mínimos en la provisión de alimentos y que es exigida en el pliego de bases y condiciones.

Además, tampoco registra las facturaciones mínimas, según el monto ofertado y no está al día con lo exigido en el artículo 40 de la Ley 2051, de Contrataciones Públicas, referente a las responsabilidades sociales de sus empleados, como pago de seguro médico. 

Al respecto, el encargado de la Unidad de Operación de Contrataciones de la Gobernación del Caaguazú, Lorenzo Giménez, indicó que todo se realizó con base en las exigencias de la DNCP y que no hay motivos para cancelar el llamado y adjudicación.

Con respecto a la falta de documentos denunciada por las empresas que protestaron, Giménez dijo que dicha situación queda exclusivamente en manos de Comité Evaluador, que está compuesto por el secretario general de la Gobernación, Víctor Buzarquis; el asesor Jurídico, Marcial Cardozo y el administrador Víctor Filártiga.

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