Los procesados son Julia Brítez Paredes, Víctor Hugo Cañete Ortiz, Nilda Ramona Rivas Salinas, Cristina Rosalía López Acosta y Martín Leonardo Riveros Sotelo.
De acuerdo a los antecedentes, ellos no reunían los requisitos para ser beneficiados de esa ayuda estatal porque contaban con trabajos estables. En caso de que sus labores hayan cesado, eran objeto de otra clase de ayuda. Riveros Sotelo es concejal municipal de María Antonia (Paraguarí).
El proceso abierto es por los supuestos hechos punibles contra el orden económico y tributario (adquisiciones fraudulentas de subvenciones), declaración falsa y estafa.